En enero de 2021, 16 guatemaltecos fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas. Aunque por esta masacre ya hubo condenas, la de Güámez sigue en la impunidad. Foto / La Hora.
En enero de 2021, 16 guatemaltecos fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas. Aunque por esta masacre ya hubo condenas, la de Güámez sigue en la impunidad. Foto / La Hora.

Las familias de 10 migrantes guatemaltecos que murieron masacrados en México continúan a la espera de justicia y reparación, esto 10 años después de que fueran acribillados por un grupo de presuntos miembros del crimen organizado.

El 16 de febrero de 2014, desaparecieron 16 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos. Después de dejar de tener noticias de ellos, sus familiares comenzaron su búsqueda con autoridades mexicanas y también en sus países de origen.

Un año después fueron hallados enterrados en una fosa en la localidad de Güémez, Tamaulipas, México. Luego de un tortuoso proceso de identificación se determinó que 10 eran guatemaltecos y tres hondureños. Los otros tres, hasta la fecha, no se ha determinado su identidad porque nadie ha reclamado los restos.

 

Un comunicado de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático (FJEDD), organización mexicana que da acompañamiento a las familias, denunció que “la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra sin avances”, y que esta “impunidad ha sido acompañada de un abandono de las familias, tanto por autoridades de México como de Guatemala”.

En la comunicación, la organización denunció que ha existido “falta de voluntad para erradicar la discriminación institucional en contra de las víctimas migrantes”, quienes todavía no han recibido reparación alguna, pese a que ya existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.

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LARGA ESPERA

La Fundación lamentó que 10 años después de la masacre, la espera de justicia es más dolorosa porque continúan en pobreza, con enfermedades y viviendo en medio de la violencia. Los migrantes eran originarios de San Pedro Pinula, Jalapa, e incluso, algunos parientes han muerto “esperando respuesta y apoyo, tanto de México como de Guatemala”.

“Al día de hoy no hay sentencia ni detenidos, hay una investigación abierta, pero muy lenta, no vemos mayores resultados. Hay una total impunidad desde el lado de México, pero también de Guatemala”, señaló Rosmery Yax, representante en Guatemala de la FJEDD.

Expuso que el estado de Guatemala está en deuda con las familias, porque desde 2014 los han tratado “muy mal”, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) ni el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en donde denunciaron la desaparición, les han brindado una respuesta.

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Afirmó que ambos estados han actuado “como si nada hubiera pasado, como si solo se tratara de una masacre más”.

Yax afirmó que las familias tienen confianza en que las nuevas autoridades guatemaltecas puedan mediar para que se haga justicia, pero también para que de alguna u otra forma se les atienda, por medio de programas asistencialistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que las familias todavía viven en situación de pobreza.

Los migrantes dejaron hijos pequeños, y que necesitan atención del Estado, dijo. “Es terrible lo que ha pasado con estas familias”, añadió.

TESTIMONIOS

La FJEDD compartió testimonios de los familiares de los migrantes masacrados, en los cuales se relató el sufrimiento y pena por la que han atravesado en estos 10 años.

«Pedimos al presidente, Bernardo Arévalo, que nos ayude y apoya. Queremos que nos den una ayuda porque estoy solita y ya no puedo trabajar», afirmó Albertina Gutiérrez Gregorio, madre de Silvestre Pérez Gregorio, uno de los migrantes que murió en Güémez.

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Albertina Nájera, madre de Pedro Gómez Nájera, otra víctima, dijo que su hijo tenía 20 años cuando emprendió el viaje y que su sueño era superarse para darle una mejor vida a su hija, esposa y padres. «Solicitamos a las autoridades mexicanas que nos hagan justicia, y al Gobierno de Guatemala, también, han pasado dos y nunca nos han ayudado», expuso.

Otras familias se quedaron hasta con cinco niños que han tenido que criar en medio de dificultades.

Mirna Carolina Nájera dijo que su esposo, Juan Francisco Salguero, tenía 29 años cuando se fue a Estados Unidos. Una de sus metas era ayudar a sus hijos, en especial a uno que padece de una discapacidad. «Su ilusión era grande de que su hijo caminara, lastimosamente esas ilusiones y metas murieron», indicó.

Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, gestión pública y migración.
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