A pesar de los riesgos que representa migrar de forma irregular algunos connacionales no abandonan la esperanza de alcanzar el sueño americano y encontrar una oportunidad laboral que les permita aportar económicamente a su familia, aunque a veces organizaciones criminales aprovechen la necesidad de las personas para realizar actividades ilícitas.
Las políticas para frenar el tránsito migratorio irregular por parte del Gobierno de México y Estados Unidos se han endurecido en los últimos años y con ello las formas de operar de estas organizaciones que abusan de las condiciones de quienes ven en Estados Unidos una oportunidad para salir adelante, convirtiéndolos en esclavos.
En este contexto, un comunicado de prensa publicado a finales de noviembre por la oficina de David Estes, el fiscal estadounidense interino para el Distrito Sur de Georgia, detalla cómo, desde hace tres años las autoridades federales en Estados Unidos, comenzaron con una investigación que les permitió desmantelar un negocio fraudulento que ganó unos $200 millones, a base del abuso del programa de visados de trabajo H-2A para traer al país a trabajadores procedentes de México, Guatemala y Honduras.
Por varios años, los trabajadores migrantes, que pagaron por obtener ayuda para entrar legalmente a Estados Unidos, fueron obligados a realizar trabajos agrícolas a cambio de un salario precario o nulo, según las autoridades federales. Los migrantes recibieron amenazas de deportación y violencia de parte de supervisores armados mientras vivían en remolques sucios y atestados de gente, con poca comida y agua potable.
Operation Blooming Onion, indicted in the Southern District of Georgia, signals "a new labor exploitation model" of human labor trafficking investigations by @HSIAtlanta @ICEgov https://t.co/YzYIiHx2ZZ
— U.S. Attorney SDGA (@SDGAnews) November 30, 2021
De acuerdo con los registros judiciales, a algunos de ellos se les había prometido una paga de hasta 12 dólares por hora a cambio de trabajar en granjas de la zona rural del sur de Georgia. Sin embargo, se les ordenó desenterrar cebollas sólo con las manos y se les pagó apenas 20 centavos de dólar por cada cubo lleno, mientras hombres armados los mantenían vigilados. Al menos dos de los migrantes murieron y otro fue violado repetidamente.
Los fiscales federales concluyeron con que el caso equivalía a esclavitud moderna y el jurado investigador acusó a 24 personas ante un tribunal federal de distrito de decenas de cargos penales, entre ellos trabajo forzado, fraude postal, manipulación de testigos y asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
Las comparecencias en el caso se han programado para el 21 de diciembre y el 6 de enero en el tribunal federal de Waycross, cerca del límite entre los estados de Georgia y Florida.
Según la acusación, a los trabajadores se les obligó a pagar cuotas ilegales por el transporte, la comida y el alojamiento. Además, se les retuvieron sus documentos para viajar y otras identificaciones, lo que les impidió huir y buscar ayuda.
Aunque el informe no detalla la cantidad de guatemaltecos que pudieron ser víctimas de esta red, se evidencia cómo los connacionales continúan huyendo de las condiciones que en el país no les permite desarrollarse.
CARAVANA SILENCIOSA DE GT NO HA MERMADO
Solo este año, más de 283 mil guatemaltecos fueron detenidos por autoridades migratorias de EE. UU., entre adultos solteros, unidades familiares y menores de edad no acompañados. Dicha cifra refleja que los guatemaltecos continúan buscando formas de llegar a EE. UU. aunque implique riesgos o incluso la pérdida de sus propias vidas.
Ejemplo de esta situación se vivió el 9 de diciembre, cuando se registró un accidente de tránsito que cobró con la vida 55 migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos de manera irregular, que además dejó un saldo de más de 100 connacionales heridos.
El Fiscal de Sección del Ministerio Público (MP), Stuardo Campo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes junto a personal de la fiscalía participaron el viernes en comitiva oficial que se dirige a Tuxtla Gutiérrez, México a fin de recabar información sobre el percance vial.
En tanto, las deportaciones de guatemaltecos no se han detenido, vía aérea desde Estados Unidos, desde el 1 de enero hasta el 22 de noviembre suman un total de 13,717, según registro estadístico de IGM y han ingresado al país en 146 vuelos. Dicho recuadro detalla que han sido expulsados 79 menores no acompañados, de los cuales 55 han sido hombres y 24 mujeres.
Mientras que los retornados vía aérea procedentes de México del 1 de enero al 11 de noviembre de 2021 suman 4,367; de los cuales 1,943 han sido menores no acompañados, de estos 1,404 son hombres y 539 mujeres.
