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De acuerdo con Mario Taracena, presidente de la Comisión Pesquisidora que conoce los antejuicios promovidos en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco Mata Vela y la magistrada relecta por el Consejo Superior Universitario, Gloria Porras, el proceso de ella ha quedado sin materia porque ya es “una ciudadana común y corriente”.
“Queda sin materia el proceso de la Comisión Pesquisidora en el caso de la licenciada Gloria Porras, ahora es una ciudadana común y corriente”, manifestó.
Según el diputado presentarán un informe al pleno del Congreso, sobre la situación de la togada que no ha podido asumir por un amparo provisional de la Sala Primera de lo Contencioso contra el CSU.
En el caso de Francisco de Mata Vela continúa la Pesquisidora el análisis de su caso y Taracena agregó que el próximo lunes será citado el magistrado que aún integra la Corte de Constitucionalidad.
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EL INFORME DE LA CC
La semana pasada, se conoció el informe de la CC a la Pesquisidora respecto a la situación de la magistrada electa, en el cual se consigna que “quienes gozan de antejuicio son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y, para tener dicha calidad, el profesional designado debe ser juramentado y tomar posesión del cargo, situación que no ocurre con la profesional Gloria Patricia Porras”.
Además, puntualiza: “por lo que actualmente no ostenta calidad de magistrada de esta Corte; de ahí que no goza de antejuicio”.
De acuerdo con Mario Taracena, presidente de la Comisión Pesquisidora que conoce los antejuicios promovidos contra Gloria Porras y José Francisco Mata Vela, estos quedan “sin materia”. pic.twitter.com/Ih9eWGKG6N
— Diario La Hora (@lahoragt) May 10, 2021
EL ANTEJUICIO
La Pesquisidora es presidida por Mario Taracena e integrada por los diputados Daisy Anayté Guzmán Velásquez, como secretaria, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez vocal primero, Oto Leonel Callejas, vocal segundo y Andy Arnoldo Figueroa Gil, vocal tercero.
Ellos analizan el pedido de retiro de inmunidad de la Asociación de Dignatarios de la Nación, entidad que ha recibido fondos del Congreso y que señala a los togados por la resolución que emitieron en 2019, cuando el gobierno del entonces presidente, Jimmy Morales, intentó expulsar del país al embajador de Suecia, Anders Kompass.
