Alianza Escazú Guatemala llama a ratificar acuerdo de Escazú y aboga por promover una Ley General de Agua

Redacción Comercial

A través de un campo pagado, las organizaciones que integran la Alianza Escazú Guatemala y en el marco de su 3ª Asamblea nacional y con motivo del cierre del año 2024 hizo un llamado a las autoridades del Estado de Guatemala, además de la ratificación inmediata del Acuerdo de Escazú.

En el texto afirman que es «en coherencia con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación guatemalteca, así como en los tratados y convenciones internacionales ratificados por Guatemala sobre derechos humanos, medio ambiente y protección a la biodiversidad».

También añaden que «el Acuerdo de Escazú está en armonía con las propuestas y la Constitución Política como la normativa vinculada al agua. Es importante la ratificación del Acuerdo de Escazú y la aprobación de una ley que garanticen el acceso al derecho humano al agua».

Campo pagado. Imagen La Hora: Alianza Escazú.
Campo pagado. Imagen La Hora: Alianza Escazú.

«Interpelamos al gabinete de derechos humanos creado por el Acuerdo Gubernativo 200-2024, llamado a cumplir con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, a tomar el Acuerdo de Escazú como un instrumento de carácter estratégico para garantizar los derechos de las personas defensoras del medio ambiente», afirmaba también el campo.

Pero continuaba detallando que «igualmente interpelamos a las municipalidades y la institucionalidad responsable del sistema de consejos de desarrollo a observar en los derechos procedimentales contenidos en el Acuerdo de Escazú como orientación democrática de gobernanza del agua, los bosques, las reservas naturales y la protección de los defensores de derechos humanos».

Campo pagado. Imagen La Hora: Alianza Escazú.
Campo pagado. Imagen La Hora: Alianza Escazú.

Además, también se puede leer que «para cumplir con el Acuerdo de Escazú, Guatemala necesita en primer lugar su ratificación, así como una justicia independiente que frene la impunidad de los delitos ambientales cometidos por particulares que impactan en el derecho a la vida de comunidades y en los bienes naturales».

«Llamamos a las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para que de forma coordinada se elaboré el diseño de una institucionalidad que llene las lagunas de gobernanza, gestión y normativa para prevenir y sancionar los delitos ambientales en el marco de la responsabilidad del Estado de garantizar, respetar y cumplir los derechos humanos de la población guatemalteca» finaliza el comunicado.