Agentes del MP y de la PNC se hicieron presentes a los centros de votación del CANG donde se desarrolla la elección del magistrado titular y suplente a la CC. Foto La Hora: José Orozco
Agentes del MP y de la PNC se hicieron presentes a los centros de votación del CANG donde se desarrolla la elección del magistrado titular y suplente a la CC. Foto La Hora: José Orozco

En un pronunciamiento, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática denunció y condenó la intervención del Ministerio Público (MP) en las sedes de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Las diligencias, que incluyen allanamientos e inspecciones documentales, se realizaron mientras los abogados guatemaltecos ejercían su voto para elegir a sus magistrados (titular y suplente) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La OEA indicó que la ejecución de medidas coercitivas en plena jornada electoral no solo es «inusual, sino peligrosa».

De acuerdo con este organismo, estas acciones generan un efecto intimidatorio» sobre los electores y las autoridades gremiales, además de poner en riesgo la cadena de custodia de los votos y la legitimidad de los resultados finales.

«El ejercicio de la persecución penal no puede desplegarse con una modalidad que produzca efectos inmediatos sobre una elección en curso», señaló la Misión.

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Asimismo, advirtió que el uso del instrumento penal en momentos críticos sugiere una «desviación de finalidad» para incidir en quiénes ocuparán las magistraturas.

HACE LLAMADO A GARANTIZAR PROCESO ELECTORAL DEL CANG

Ante esta situación, la Misión exige que se garantice de manera inmediata la continuidad irrestricta de la jornada electoral, sin interferencias físicas, documentales o administrativas que alteren su desarrollo.

En el pronunciamiento, insta al Ministerio Público (MP) a canalizar cualquier investigación por vías posteriores y no disruptivas, evitando medidas que comprometan el sufragio o el escrutinio.

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También exhorta a las autoridades judiciales a ejercer un control estricto de legalidad, necesidad y proporcionalidad, asegurando que ninguna orden judicial sea utilizad con efectos que incidan materialmente en el resultado electoral.

Y por último, subraya que la integridad de los procesos de elección de segundo grado es un componente esencial de la gobernanza democrática y que su afectación genera consecuencias estructurales sobre la «legitimidad institucional».

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