Al menos 19 destituciones se han registrado en las últimas dos semanas en el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras. Los casos más recientes son los de Sara Sandoval, Fiscal de Sección; Wilson Patal, jefe del Departamento de Asesoría de Gestión de Calidad y Pedro Fuentes, empleado de la Secretaría de Política Criminal.
La abogada en Derechos Humanos Stephanie Rodríguez afirmó que dichas destituciones son ilegales porque no son trabajadores de confianza sino fiscales de carrera.
“La destitución de estos fiscales constituye una ilegalidad porque la Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 65 establece que estos fiscales no son empleados de confianza en una administración sino llevan toda una carrera en la institución, con lo cual su destitución es ilegal”, explicó.
“DESTITUCIONES SON ILEGALES”
En criterio de la abogada, estas acciones podrían procurar impunidad por lo que deberían ser reincorporados a sus puestos de trabajo.
“Esto constituye un debilitamiento extremo y total del MP, pero sobre todo podría procurar impunidad. Si existiera un real Estado de derecho y la justicia actuara de forma imparcial tal y como la ley establece tendrían que ser reinstalados”, indicó.
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La experta hizo mención del amparo que presentó el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval tras ser destituido.
“Lo que podrían hacer es presentar una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de cómo se encuentre el sistema de justicia cooptado, no sabemos cuál es la respuesta, en el caso del amparo del exfiscal Juan Francisco Sandoval nunca fue resuelto”.
“NO SE SABE SI DESTITUCIONES FUERON ACERTADAS O NO”
Además, en criterio de Francisco Quezada, investigador del área de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), se desconocen detalles sobre las causas que motivaron esas remociones.
“El primer tema que llama la atención es que pareciera que se quiere crear un mal ambiente por esas decisiones sin que haya una investigación propia para determinar si fueron acertadas o no”, comentó.
Según Quezada, alrededor del actuar administrativo del personal del MP hay un tema que muy pocas personas en Guatemala han investigado para determinar qué sucede. “Los únicos enterados son las personas involucradas”, añadió.
Adicionalmente señaló que el movimiento de personal en el ente investigador no es algo nuevo, sino son procesos que se han dado con anterioridad.
“Veo que hay una narrativa que se va en contra o favor de determinadas personas que son seguidoras o adversas al Ministerio Público, porque los movimientos del personal han sido activos desde hace varios años, pero no hay certeza de por qué se dieron”, afirmó.
“CIUDADANÍA MERECE EXPLICACIÓN”
Raquel Zelaya, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que lo más recomendable en este caso sería que el ente investigador brinde información detallada sobre cada despido.
“En términos de decisiones de destituciones de colaboradores del Ministerio Público lo deseable sería que la Dirección de Recursos Humanos o instancia similar diera explicaciones claras y concretas de cada caso sobre las razones de la destitución”, indicó.
Agregó que las instituciones del Estado necesitan una normativa que establezca de forma clara las causales de despido.
“Efectivamente todas las entidades del Estado necesitan un régimen de servicio civil que tengan claro los derechos, las obligaciones, las sanciones y las causas de despido”, dijo.
Además, aseguró que la ciudadanía merece una explicación detallada por parte de las autoridades del MP sobre las causas que motivaron las destituciones.
“Entendería yo que en acuerdos internos del Ministerio Público hay suficiente referencia para que al menos a la ciudadanía se le dé una explicación documentada caso por caso de lo que ha generado esa decisión”, puntualizó.
