La magistrada separada del cargo de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. Foto La Hora

La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar una apelación planteada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para dejar sin efecto la resolución que benefició con medida sustitutiva a la magistrada separada del cargo de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

En la parte resolutiva indica “ordenando a la autoridad impugnada, (en este caso el Juzgado Décimo Penal), emitir una nueva resolución sin los vicios y conforme a lo considerado en el presente fallo”.

Los magistrados que conocieron este expediente son: Dina Josefina Ochoa, Walter Paulino Jiménez Texaj, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, José Francisco De Mata Vela, Leyla Susana Lemus Arriaga y Luis Alfonso Rosales Marroquín.

 

EN CONTEXTO

Cabe señalar que Stalling fue beneficiada en agosto de 2018, cuando la judicatura se encontraba a cargo de la jueza suplente Abelina Cruz Toscano, con arresto domiciliario sin pago de fianza, diligencia que fue realizada de último momento y a puerta cerrada.

Posteriormente debido a las irregularidades con las que fue desarrollada la diligencia y la impugnación de la FECI, la Sala Primera de Apelaciones dejó sin efecto la resolución de la jueza suplente Cruz Toscano.

En aquella oportunidad, la Sala consideró que la juzgadora había incurrido en un error al momento de otorgar las medidas sustitutivas a Stalling, porque nunca se pronunció sobre si las circunstancias que motivaron la prisión preventiva habían cambiado.

La exintegrante de la CSJ ha mantenido el beneficio de arresto domiciliario a pesar de existir una orden de la Sala Primera que dejó sin efecto esa resolución. La audiencia de revisión de medidas se ha suspendido en al menos 15 ocasiones en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal ahora a cargo de Víctor Cruz.

 

EL CASO

Stalling fue señalada por el MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del delito de tráfico de influencias por presuntamente haber presionado al juez Carlos Ruano para beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling con arresto domiciliario previo a iniciarse el debate en el caso IGSS-PISA-Chiquimula.

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