El abogado Francisco Gallardo señalado en el caso “Cooptación y Corrupción Judicial" se puso a disposición del Juzgado Tercero. Foto La Hora/Oscar Canel

Por el delito de colusión fue ligado a proceso penal el abogado Francisco Gallardo por su presunta implicación en el caso conocido como “Cooptación y Corrupción Judicial”. Durante la audiencia de primera declaración que se realizó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, el juez consideró que existen los elementos racionales suficientes para que quedara ligado a proceso penal.

El juez tercero Geisler Pérez le dictó medidas sustantivas consistentes en arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con coimputados y una caución económica de Q10 mil.

PREVIO A LA AUDIENCIA

Previo al inicio de la diligencia, el abogado indicó que se presentó a la judicatura para solventar su situación legal. “Vengo al Juzgado Tercero a presentarme espontáneamente a aclarar cualquier situación, por redes sociales me enteré de la posible existencia de una orden de aprehensión la cual no ha sido ni notificada, ni tampoco fue realizada ninguna diligencia de allanamiento en mi contra”.

Añadió que no podía comentar detalles del caso debido a la reserva judicial. “Firme en mis principios estoy aquí para solventar cualquier situación, no puedo ahondar en el caso porque entiendo que el mismo está bajo reserva”.

 

OTROS IMPLICADOS

En esta misma investigación están implicadas la exfiscal Siomara Sosa y la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo. La Fundación Contra el Terrorismo forma parte del proceso como querellante.

PIDEN QUE RESERVA CONTINÚE

Este martes se conoció que la FECI solicitó al Juzgado Tercero que este caso continúe bajo reserva judicial. Con esta acción el Ministerio Público, busca que ninguna persona que no sea parte del proceso tenga acceso al expediente y a los medios de investigación con los que se cuenta en ese proceso penal.

 

EL CASO

La investigación del Ministerio Público sobre este caso inició a raíz de la petición que Leily Santizo habría realizado para la conexión de un caso que llevaba como litigante con el Caso Odebrecht, mismo que se conoce en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”.

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