En junio de 2021 cuatro jueces que conocen casos de alto impacto en Juzgados de Mayor Riesgo, acudieron al Ministerio Público (MP) a solicitar una revisión de las denuncias planteadas contra ellos, argumentando que la mayoría son espurias. No obstante, han transcurrido nueve meses desde la petición de los togados y al momento poco o nada se sabe del avance del requerimiento.
El pasado 21 de junio, los jueces de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul de Paz y Erika Aifán, acudieron a la sede del ente investigador a presentar una solicitud a la fiscal general, María Consuelo Porras, para que analizara y desestimara las denuncias en contra de los cuatro, pues a su criterio la mayoría carece de fundamento legal.
TRES MESES DESPUÉS
En seguimiento al tema, en septiembre de 2021, La Hora consultó al Ministerio Público sobre el avance de la solicitud realizada por los togados, pero en esa ocasión, a casi tres meses del planteamiento, la institución respondió que “aún se encontraba en análisis” sin brindar mayores detalles.
MP: NO ESTÁN SUJETAS A PLAZOS
A nueve meses del requerimiento, una vez más se hizo la consulta, esta vez al Jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, que indicó que las investigaciones no están sujetas a plazos y que cada fiscalía tomará la decisión que corresponda.
“Las investigaciones no están sujetas a plazos en tanto no haya sujetos ligados a proceso. Cada caso es diferente, cada caso es analizado por cada una de las fiscalías correspondientes. Sobre esa base, cada fiscal analiza cada denuncia y tomará la decisión que corresponda con base en los principios de objetividad y legalidad”, afirmó.
ENTRE RENUNCIAS Y SEPARACIONES DEL CARGO
Cabe señalar que dos de los cuatro jueces que realizaron esta petición en los últimos meses han enfrentado señalamientos y procesos de retiro de inmunidad.
Un caso que acaparó la atención en las últimas semanas fue el de Erika Aifán, quien el pasado 21 de marzo presentó su renuncia irrevocable como juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
En su momento, explicó que las presiones, amenazas y hostigamientos en su contra le hacían imposible continuar desempeñando el cargo sin poner en riesgo su vida, libertad e integridad, por lo que además se vio obligada a salir del país. Además, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, solicitó al menos tres peticiones de retiro de inmunidad en contra de la togada.
Apenas 24 horas habían transcurrido de la renuncia de Aifán cuando el 22 de marzo la Corte Suprema de Justicia notificó que el juez Pablo Xitumul, era separado del cargo como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”.
Esto luego de que al togado se le retirara la inmunidad por decisión de los magistrados de la CSJ el pasado 9 de febrero por un caso en el cual es señalado de impedir un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC).
En general, entidades nacionales, internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, así como la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la situación de Guatemala en cuanto a jueces y magistrados que influye en el deterioro del Estado de Derecho.
Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor. pic.twitter.com/eyyJcFQRsD
— Erika Aifan (@aifan_erika) March 21, 2022
