Han transcurrido 18 días desde que el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción presentó en la unidad de Gestión Penal de Tribunales una solicitud de retiro de inmunidad contra el diputado al Congreso de la República, Jorge Adolfo de Jesús García Silva, pero aún no ha llegado al pleno de la Corte Suprema de Justicia que definirá si continúa su trámite o no.
García Silva es señalado por su posible implicación en un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Es importante recordar que tuvieron que pasar 96 días desde que fue presentado el caso para que el Ministerio Público planteara el requerimiento para despojar de su inmunidad al legislador.
En esa oportunidad la Fiscalía informó que, existen indicios en los que se puede establecer que en su calidad de diputado “intervino posiblemente de manera artificiosa, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas, contratadas y pagadas, a entidades vinculadas a su persona por un monto estimado de Q30 millones”.
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 26, 2022
JUZGADO DICE QUE SIGUE NOTIFICANDO
Recibido el expediente se confirmó que el mismo fue remitido al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, donde hasta la fecha de publicación de esta nota permanecía “en proceso de notificación”.
En varias ocasiones La Hora, ha solicitado información sobre el avance de este, sin embargo, la respuesta ha sido la misma.
PRIMERAS ETAPAS
Cabe señalar que el antejuicio del diputado García Silva, continúa en las primeras etapas del proceso, ya que una vez finalice la notificación de las partes y el juez se inhiba de conocer el caso, (por cuestiones de competencia), debe ser trasladado a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente debe ser enviado a la Cámara de Amparo y Antejuicio para su revisión y análisis respectivo.
El último paso es cuando la Cámara de Amparo lo traslade al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que sea conocido y resuelto conforme a los criterios de los togados. Si el pleno decide darle trámite al expediente, se debe nombrar un juez pesquisidor y realizarse el procedimiento respectivo.
Por este caso, actualmente 27 personas permanecen ligadas a proceso penal delitos como fraude, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros, únicamente tres permanecen en prisión preventiva, la mayoría está en arresto domiciliario.