Los exdiputados del desaparecido Partido Patriota, Emilenne Mazariegos y Edgar Cristiani acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán a solicitar un criterio de oportunidad para que se declare el cierre del proceso a su favor, luego de prestar declaración en contra de otros funcionarios como parte del convenio de colaboración eficaz dentro del caso Odebrecht.
La audiencia que se desarrolló en el nivel 14 de la Torre de Tribunales fue suspendida debido a que está pendiente de resolverse un recurso de apelación planteado en contra del referido acuerdo.
En su exposición, la jueza Aifán explicó que “se debe esperar a que se resuelva en definitiva el recurso de apelación para retomar el desarrollo de esta audiencia”.
Los exdiputados Emilenne Mazariegos y Edgar Cristiani acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán a solicitar un criterio de oportunidad para que se declare el cierre del proceso a su favor.
?: Oscar Canel/LH pic.twitter.com/YRWGJKTfj9
— Diario La Hora (@lahoragt) January 4, 2022
PIDEN RESERVA
Durante la diligencia la defensa del excongresista Edgar Cristiani, solicitó que la audiencia fuera declarada bajo reserva parcial argumentando que “lo que se está ventilando son situaciones personales que pueden afectar la vida de su defendido”, pero la juzgadora rechazó la solicitud.
EL CASO
En 2018 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso de corrupción conocido como Odebrecht.
De acuerdo con las investigaciones del MP-CICIG, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial del cancelado partido político Lider, Manuel Antonio Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil.
Según la investigación de la Fiscalía, la constructora dio en total US$17.9 millones, unos Q137,757,000, en sobornos a políticos guatemaltecos durante el 2013 y 2015.
