Víctor Enrique Corado Valdéz fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno del PP. Foto La Hora

En el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán, se llevó a cabo una audiencia en la que Víctor Enrique Corado Valdéz, exministro de Comunicaciones vinculado al caso Construcción y Corrupción solicitó la revisión de medidas de coerción que le fueron impuestas para poder movilizarse en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Retalhuleu.

Esto bajo el argumento de haber recibido una oferta laboral para desempeñarse como supervisor de obra y mantenimiento, haciendo labores de cotización, diseño y supervisión de trabajos de mantenimiento en los departamentos antes indicados.

Otra de las peticiones fue que el marcaje del control biométrico ya no sea diario y que se realice una vez al mes. También requirió la reducción de la caución económica de Q300 mil a 100 mil.

El Ministerio Público (MP), no se opuso a las primeras dos peticiones; sin embargo, no estuvo de acuerdo en la reducción de la caución económica.

Luego de escuchar la argumentación de las partes procesales, la jueza Aifán declaró con lugar las primeras dos peticiones y por lo tanto el exministro de Comunicaciones, Víctor Corado podrá movilizarse en los cinco departamentos antes indicados.

 

La juzgadora también accedió a la modificación del marcaje del control biométrico y a partir de la presente fecha se realizará una vez al mes.

«La judicatura estima que con la documentación presentada se ha acreditado esa variación de las circunstancias primitivas (que originaron las medidas de coerción) en cuanto a estas dos medidas sustitutivas, razón por la cual estima procedente acceder parcialmente a lo solicitado», puntualizó Aifán.

Sobre la petición de reducir la caución económica la jueza rechazó lo solicitado.

EXMINISTRO DEL PATRIOTA

Víctor Enrique Corado Valdez fue nombrado por el entonces Otto Pérez Molina como ministro de Comunicaciones, en sustitución de Alejandro Sinibaldi, quien en ese entonces tenía aspiraciones políticas con el extinto Partido Patriota.

En 2019 el exfuncionario se puso a disposición de los tribunales de Justicia, después de estar prófugo desde agosto de 2018.

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