El viernes 8 de agosto, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó el acuerdo 140-2025, que modifica el Reglamento para la Prestación de Servicio Público de Transporte, “con el propósito de adecuarlo a la realidad actual del país”.
Uno de los cambios es que los autobuses ya no tienen un límite de antigüedad para circular, mientras que anteriormente solo se permitía hasta 25 años.
El titular de la Dirección General de Transporte (DGT), Mynor González, argumentó que en las nuevas disposiciones no se limitó la cantidad años para operar, debido a que “esa regla no se cumplía, era inoperante”.
Detalló que unos 9 mil autobuses, más del 45% de las unidades en circulación, tienen 25 años, por lo que lejos de ser una medida de control, la norma generaba un alto índice de corrupción porque motivaba atrasos de trámites y prácticas indebidas para tener la licencia que les permitía su movilización.
Según González, el propósito de la modificación es regular de mejor manera el otorgamiento de licencias y renovaciones con el fin de transparentar y agilizar los procesos en la DGT.
“Esta medida lo que pretende es regular a los buses que están en circulación, no estamos promoviendo que se incorporen buses antiguos”, dijo.
A criterio de Edgar Guerra, defensor del Usuario de Transporte de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), este cambio deja un vacío, dando paso a que las camionetas con más de 25 años puedan circular, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.
Guerra dice que estas reformas son un reto para el Gobierno, ya que debe equilibrar los intereses de los empresarios y la vida de los usuarios del transporte colectivo, que se estima son más de tres millones diarios.
“En estos años, los transportistas tuvieron tiempo de renovar parte de su parque vehicular. No suena coherente que sea una modernización y permitan que circulen carros de más de 25 años”, declara al asegurar que la antigüedad sí incide en los accidentes de tránsito.
De acuerdo con el defensor, en esta clase de decisiones debe prevalecer la seguridad de los usuarios, y este no parece ser el caso.
“Ni los mismos transportistas dejarían subir a su esposa o hijos a un bus con los que trabajan”, expresó.
Según Guerra, no se está exigiendo que los autobuses sean de modelo reciente, sin embargo, no deberían de pasar de 10 a 15 años máximo. A criterio del defensor, a los empresarios no les interesa modernizar el transporte público ni mejorar la atención a las personas, quienes son las más importantes.
Otro de los problemas que avizora Guerra es que las aseguradoras no querrán trabajar con autobuses que tienen más de 25 años, ya que no les es rentable, dejando vulnerables a los pasajeros ante cualquier incidente.
Por su parte, el titular de la DGT manifestó que la antigüedad de los autobuses no afecta en los accidentes de tránsito, ya que está comprobado que más del 90% de los incidentes ocurre por errores humanos.
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CERTIFICACIÓN
Otro de los cambios a la normativa es la certificación de revisión física y mecánica de las unidades que presten servicio público, con la cual buscan garantizar, proteger la vida, integridad y seguridad de los usuarios.
Según el acuerdo 140-2025, los certificados deberán extenderse cada cinco años, las revisiones se realizarán por un técnico o profesional en mecánica automotriz o actividad similar o por el taller autorizado registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
“Para todas las unidades, el porteador deberá llevar una bitácora de servicios detallando sus servicios preventivos y correctivos”, dice la norma.
González indicó que será en los operativos en las carreteras donde se verificará si las unidades cuentan con el certificado de funcionalidad y se determinará por medio de una revisión física a las unidades.
Para ese propósito, los inspectores que están en las rutas reciben una inducción, para tener el conocimiento necesario para realizar dicho chequeo y verificar que las certificaciones sean verídicas.
Según el funcionario, trabajan en un formato sugerido con la información mínima que debería contener el certificado, incluida la revisión del sistema de frenos, suspensión, chasis, motor y si la unidad ha sufrido una modificación.
El defensor de la PDH también criticó que cualquier taller que como único requisito sea estar inscrito en la SAT, pueda extender una certificación, ya que se puede prestar a muchas anomalías y corrupción, como ha sucedido en casos anteriores.
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MODERNIZACIÓN
El titular de la DGT dijo que trabaja en una reforma a la Ley de Transporte que data de 1946, que se adapta a la realidad y actualidad del país, la cual espera entregar a la brevedad posible al Congreso de la República y detalló que entre los temas que abordará está la antigüedad de buses, tema que ha sido la manzana de la discordia entre varios sectores.
Según Guerra, es necesario hacer un análisis integral del problema del transporte público de pasajeros y coincide con González en que dicha normativa ha quedado obsoleta.
El representante de la PDH insistió en que se debe modernizar el sistema de transporte, considerando que el monto por el pasaje ha subido, pero las unidades siguen en las mismas condiciones y debe haber un mejor control por parte de la DGT para que no se violen los derechos de los pasajeros ni se ponga en riesgo su vida.
Además, detalló la necesidad que haya un mayor control en las carreteras, especialmente en horas que no son pico, que es cuando muchos ciudadanos se transportan en autobuses sobrecargados, incluso sobre las parrillas, debido a la necesidad que tienen de movilizarse.
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SE PRONUNCIA LA GREMIAL
Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), dijo que dicha reforma es producto de un diálogo de al menos un año atrás, donde argumentaron que la edad de los buses no incide en un accidente de tránsito.
“Los vehículos pueden tener más de 25 años, pero les damos mantenimiento. Todas las unidades han sido repotenciadas. En algunos casos se ha cambiado el motor, la estructura física de la carrocería y en general se les ha hecho remozamiento”, dijo.
Detalló que si se aplicaba la norma en la cual los autobuses de más de 25 años no podían circular, más del 40% de las camionetas iban a quedar fuera.
Vides reitera, que según las estadísticas, el 90% de los accidentes de tránsito en las carreteras es consecuencia de errores humanos como conducir a excesiva velocidad, distraerse al hablar por teléfono, mal estado de las carreteras, falta de señalización vial, entre otras.
“Nosotros quisiéramos cambiar el parque vehicular, a eso aspiramos todos. Pero sucede que nos extorsionan, nos roban, asesinan pilotos, ayudantes y eso nos tiene estigmatizados, los bancos no nos quieren dar créditos”, refirió.
Agregó que un autobús de 10 a 15 años, cuesta aproximadamente Q300 mil y que no tienen la capacidad económica para adquirirlo.
