Una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en 2024, identificó que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entregó más de 27 mil porciones de alimentos a 742 personas que, según informes, están fallecidas, en tanto la cartera informó que se hizo la denuncia correspondiente.
Al respecto de lo anterior, el titular del Mides, Abelardo Pinto, explicó que el número de raciones que sirven en el programa de Comedores Sociales es de 6 millones, lo que significa que lo identificado por la CGC es de 0.4%, menos del 1%, además afirmó que estos «no es que sean alimentos fantasmas, las personas llegaron con un CUI».
SOBRE LA EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA
La evaluación de la Contraloría, que se hizo del enero a octubre de ese año del programa Comedores Sociales, señala que se sirvieron 11 mil 977 desayunos y 15 mil 435 mil almuerzos, para un total de 27 mil 412 raciones servidas valoradas en Q611 mil 821.
“Se verificó los listados de los beneficiarios de las raciones alimenticias y se estableció que en los referidos listados figuran nombres de personas que se encontraban fallecidas”, detalla el informe.
De acuerdo con la auditoría, las autoridades del Mides no implementaron los controles funcionales y efectivos para detectar esas anomalías en el programa, por lo que se les impuso una sanción económica de Q119 mil.
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EL MIDES NO FUNCIONA
Al ser consultado sobre el tema, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, lamentó que aún se registren “las mismas prácticas de gobiernos anteriores”, ya que lo primero que debió hacer el Mides es transparentar el listado de beneficiarios para evitar ese tipo de irregularidades en los programas.
El analista consideró que el gobierno debe replantear el rol de ese ministerio, ya que, a su criterio, no debería de existir, pues todos los programas sociales deberían llegar directamente sin intermediarios al beneficiario, pues el mayor porcentaje del presupuesto de esa cartera es invertido en funcionamiento y es poco lo que se destina a la población más necesitada.
Marroquín dijo que las transferencias monetarias se deberían de hacer por medio del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y los otros programas podrían ser manejados por las carteras de salud, educación, agricultura y las demás instituciones que tengan una relación directa con la ayuda a la los guatemaltecos vulnerables.
SE HICIERON LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES
Consultado sobre el tema, Pinto explicó que el número de raciones que sirven en el programa de Comedores Sociales es de 6 millones, lo que significa que lo identificado por la CGC es de 0.4%, menos del 1%.
“No es que sean alimentos fantasmas, las personas llegaron con un CUI, se registraron, recibieron el alimento, en el entendido que en algún momento sus familiares recibían el beneficio y para no perderlo continuaron usando el DPI”, manifestó.
El Ministro aseguró que por este caso se presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), para que individualice quienes pueden ser los responsables y se tipifique el delito correspondiente.
“Hay que recordar que se hace un convenio con las municipalidades, por lo que el registro del control en algún momento es compartido. Hay parte de responsabilidad de las municipalidades y de empleados nuestros. Por eso se presentaron los mecanismos legales para que se deduzcan las debidas responsabilidades”, manifestó.
El funcionario dijo que han implementado mejoras en el control para evitar ese tipo de situaciones, las cuales se dieron en su mayoría en algunos comedores de Zacapa.
Agregó que parte de los cambios es que ahora el programa trabaja con la iniciativa de la CGC del municipio fiscalizable, el cual consiste en que en la mayoría de los comedores hay representantes de la Contraloría verificando y haciendo el control en conjunto para que haya más transparencia en su ejecución.
Pinto destacó que también tienen un trabajo permanente con el Renap, con quienes hacen validaciones diarias, pero buscan a corto plazo tener un sistema en línea que permita la interacción entre los sistemas desde el momento que se registró un DPI y que pueda dar alertas que permitan contrarrestar situaciones como la de las personas que presentan documentos que no son de ellos.
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Por su parte, la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, explicó que con el propósito de transparentar los procesos en el programa, realizan varias gestiones para que a final de año puedan trabajar con un sistema de reconocimiento facial que les permita operar mejor y evitar situaciones como la reflejada en la auditoria realizada por la Contraloría.
Además, han iniciado un proceso de capacitación con el personal que tienen en campo y sensibilización a la población sobre la importancia de contar con su DPI o certificado de nacimiento de su hijo, según sea el caso, al momento de recibir sus raciones de comida.
“Una de las malas prácticas que traía este programa era el uso de listados de contingencia, pero ahora contamos con un sistema del lector de huella que permite información y validación de datos con el Renap”, detalló la funcionaria.
De acuerdo con las autoridades del Mides, hasta el momento hay en funcionamiento 98 comedores en 91 municipios de los 19 departamentos, que representan el 37% de los municipios focalizados con índice de vulnerabilidad severa y crítica.
La meta es que, al finalizar el 2025, tengan 110 en funcionamiento para atender al 42% de los municipios focalizados.
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AUMENTAN PROVEEDORES
El Ministro se refirió al tema de la necesidad que haya diversos proveedores que puedan prestar el servicio de comida en los comedores sociales.
Cabe resaltar que en gobiernos anteriores solo había una empresa que es Banquetes de Guatemala, S.A., que distribuía los alimentos a nivel nacional. No obstante, según el funcionario, ahora trabajan con otras dos y están levantando procesos para incorporar más proveedores a nivel local.
“Nuestra idea es descentralizar el tema de la provisión de comida, pero es un proceso, vamos dando pasos hacia el objetivo que tenemos que es dejar un programa con mayor de diversificación de proveedores de alimentos”, dijo.
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Pinto detalló que han pasado a un proceso de regionalización de proveedores y luego quieren hacerlo por departamentos, para que puedan participar más empresas.
“Una de las situaciones es que la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, establece ciertos requisitos que deben tener los proveedores y ahí es donde hemos encontrado un cuello de botella. Además, existe una fuerte desconfianza en cuanto a la provisión a bienes al Estado, por el atraso de pagos, que no les permite un circulante para mantener el negocio”, dijo.
De acuerdo con el Ministro, a la fecha la empresa Banquetes de Guatemala, tiene solamente el 75% de participación y el resto está dividido entre las otras dos empresas.
“Banquetes de Guatemala es una empresa proveedora del Estado que tiene adjudicados contratos abiertos. Prácticamente, es un monopolio de la comida, luchar contra esos monopolios llevan su tiempo”, destacó.
CONTRATISTA SE PRONUNCIA
Al ser consultado sobre las declaraciones del Ministro, Wilson Marroquín, coordinador de servicios institucionales de Condimenta (Banquetes de Guatemala) señaló que la empresa ha participado durante más de 20 años en procesos públicos de licitación para proveer servicios de alimentación al Estado y que dicha trayectoria no responde a “una situación de monopolio, sino al cumplimiento riguroso de los requisitos técnicos, logísticos y de inocuidad exigidos en cada concurso o evento de contratación pública».
Manifestó que cuentan con una capacidad instalada para producir y distribuir 75 mil tiempos de comida diarios, con la posibilidad de ampliarla durante temporadas de alta demanda.
“Esa capacidad responde a una operación robusta que incluye plantas de producción ubicadas estratégicamente en distintos puntos del país, lo cual garantiza cobertura nacional, eficiencia logística y cumplimiento de plazos”, manifestó.
Añadió que la compañía ha sido adjudicada en múltiples ocasiones por ofrecer “la mejor propuesta técnica y económica dentro de los procesos abiertos a todos los proveedores interesados».
“En Guatemala existe un marco legal que garantiza la libre competencia, donde todas las empresas tienen la oportunidad de participar, y el gobierno la capacidad de elegir a los proveedores que mejor cumplan con los requisitos establecidos” dijo.
Al referirse al tema de que el Mides está trabajando con otros proveedores, calificó de positivo que existan otras empresas capaces de cumplir con los requerimientos establecidos por el ministerio.
«La libre competencia es fundamental en el sistema de compras públicas del país y todas las empresas tiene la oportunidad de competir en igual de condiciones, así como las instituciones tienen la plena facultad de elegir a los proveedores que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos operativos», concluyó.
