A un año y un mes de haber iniciado las negociaciones para un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo, las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y representantes del Sindicato de Trabajadores de Educación (STEG), liderados por Joviel Acevedo, no han llegado a consensos.
El viceministro de la cartera educativa, Francisco Cabrera, indicó que las reuniones siguen su curso y actualmente están discutiendo temas que no tienen relación con el aspecto económico, ya que los mismos se dejarán para el final.
El funcionario consideró que han avanzado en el proceso, no obstante, aspectos constitucionales que creen que deben estar a cargo del Mineduc, han provocado un atraso debido a que el sindicato quiere tener participación, como la han tenido gobiernos anteriores.
“Hablan de las capacitaciones de docentes, algunos tipos de licencia de salud, proyectos administrativos y otros que corresponden ordinariamente al Mineduc por ser la rectoría del sistema educativo”, reiteró.

Cabrera destacó que ha habido progreso en permisos en materia de maternidad y enfermedad, entre otros, ya que son parte de los derechos laborales y con ello no tienen ningún inconveniente.
Señala que no puede dar una fecha estimada de cuándo finalizarán las conversaciones, ya que el elemento económico es uno de los más difíciles para ponerse de acuerdo y será el último en ser tratado.
“Hay un avance cuantitativo en el proyecto que presentó el sindicato, pero los aspectos más complejos van quedando al final y posiblemente sea la parte más difícil de negociar y de alcanzar acuerdos”, expresó.
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LA ÚLTIMA APARICIÓN DE ACEVEDO
El 22 de noviembre fue la última vez que se vio al líder sindical Joviel Acevedo públicamente, cuando con representantes del STEG le entregaron una carta a los diputados del Congreso de la República, en la que demandaban 16 acciones.
Entre ellas destaca la exigencia de garantizar el respeto y el cumplimiento a la libre sindicalización, así como dar acompañamiento a la negociación, firma, homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo y verificar que las autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), no caigan en abusos.
Otro de los requerimientos fue “vigilar y fiscalizar” el uso del diario oficial, el cual según ellos, ha sido utilizado para atacar y difamar al movimiento sindical, especialmente al STEG.
Durante la reunión, en la cual estuvo presente el presidente del parlamento, Nery Ramos, también pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Anabella Giracca, a quien acusaron de crear polarización con los recursos de la cartera que representa.
Los maestros también solicitaron que no se incluya en los libros de texto temas relacionados con la ideología de género, los cuales dicen que han sido rechazados por padres de familia y líderes religiosos.
Asimismo, exigieron respetar los procesos de oposición para los maestros que buscan optar a puestos de docencia, operativos y administrativos, además de dar seguimiento a las acciones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para que la consolidación de deudas beneficie a los trabajadores con mayor endeudamiento.
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SIN CONOCER LA PROPUESTA
El borrador de las demandas de los sindicalistas en el pacto colectivo de trabajo no ha sido público, debido a que los sindicalistas pidieron confidencialidad a las autoridades educativas.
Pese a las críticas y acciones legales que varias organizaciones han interpuesto para que las condiciones que se negocien pierdan el secretismo, hasta el momento, los acuerdos a los que han llegado el Mineduc y el STEG siguen blindados debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, es uno de los que se ha opuesto a la confidencialidad y reitera la importancia de conocer qué se está negociando, e insiste en que sean transparentes debido a que es dinero de los guatemaltecos el que está en juego.
“No sabemos si la demanda del sindicato es razonable o si quieren más privilegios y no obligaciones. No puede seguir esa opacidad”, manifestó.
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Marroquín opina que la ministra de educación, puede dar a conocer el contenido del documento, pues no hay ninguna defensa para que no sea público, ya que a su criterio esa medida no tiene validez legal.
“Está en juego la educación de los niños de Guatemala, realmente no sabemos si el ministerio está nivelando la balanza para que haya más calidad educativa, pero a cambio de qué”, concluyó.