El Ejecutivo presentó una iniciativa ante el Congreso para solicitar la aprobación de un préstamo por US$500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El Gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha sido cuestionado recientemente por una ampliación de Q3.1 mil millones para obras viales y las dificultades que se tendrían para fiscalizar la ejecución de fondos.
Los recursos provendrían del préstamo No. 9194-GT, denominado “Préstamo para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación ante la Crisis en Guatemala” y financiaría parte del plan de recuperación económica del país tras los severos impactos de la pandemia del COVID-19 y daría un apoyo al Presupuesto General de Ingresos del Estado 2022.
¿PARA QUÉ LOS RECURSOS?
Según la exposición de motivos leída ante el pleno del Congreso, los fondos que se obtengan con el préstamo estarían destinados a realizar pagos anticipados y reducir el costo de la tasa de interés de la deuda pública, así como crear un ahorro para las finanzas del Estado.
En el proyecto de ley se lee: «Con la utilización de estos recursos se estima que pudiera generarse un ahorro para las finanzas del Estado de un 4.0 por ciento anual, producto de las condiciones financieras ofrecidas en el crédito bajo esta iniciativa de ley, que tiene una tasa estimada de 0.75 por ciento anual».
La propuesta expone que el ahorro oscilaría en los US$331 millones equivalentes a Q2,556.28 millones.
El instrumento sería un Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) que proporciona financiamiento de desembolso rápido para ayudar al país a atender las necesidades de financiamiento, sobre la base de una matriz de políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo sostenible, justificó el Ejecutivo.
En cuanto a las condiciones financieras detalladas en el Convenio de Préstamo, consigna un plazo de 13 años que incluye un período de gracia de 3 contado a partir de la fecha de aprobación.
MÁS RECURSOS SIN CONTROL
Parte de los cuestionamientos que han surgido contra la aprobación de ampliaciones presupuestarias en la administración de Giammattei es por la transparencia en la ejecución de los recursos y la acumulación de los fondos.
Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, uno de los más cuestionados debido a las dificultades que sus unidades ejecutoras sean fiscalizadas recibió una ampliación presupuestaria de Q3.1 mil millones para obras viales durante 2022.
#PORTADADEHOY
Más deuda: Gobierno pide préstamo de $500 millones ?? [https://t.co/uOdcchuB4m] pic.twitter.com/S0RdN7tSEF— Diario La Hora (@lahoragt) March 30, 2022
En la nota publicada por La Hora, “CIV: Presupuesto creció 74.51% desde 2018; persiste déficit en infraestructura” se consigna que durante los últimos 4 años y con la reciente ampliación recetada por el pacto oficialista en el Congreso bajo el argumento de atender las carreteras del país, por Q3,191.2 millones, el crecimiento presupuestario es del 74.5%.
Estas cifras son destacadas como históricas y récord al alcanzar los Q8,640.9 millones a su disposición, al cierre de diciembre de 2021, el CIV ejecutó el 86.84% de su presupuesto vigente de Inversión y el 95.06% del presupuesto vigente de funcionamiento; hasta febrero había ejecutado el 9.7% de sus recursos, sin embargo, persiste el déficit en infraestructura.
