Diputados de la bancada Semilla enviaron cartas a Margarette May Macaulay, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Diego García Sayán, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitando una visita para que establezcan la independencia de Magistrados y abogados y Fiscales.
Los diputados señalaron que el fin primordial es determinar con esa visita si existe un deterioro de las instituciones de Justicia y la persecución a operadores de justicia en el país.
El diputado Bernardo Arévalo pidió que, “en el marco de sus respectivos mandatos, realicen una visita a Guatemala para constatar, señalar, identificar los abusos, hostigamientos, persecución de la que están siendo objeto los operadores de justicia y los abogados en nuestro país”.
Arévalo indicó que esta acción obedece al “avance en el proceso de cooptación de las instituciones de justicia por parte de las estructuras político-criminales en nuestro país y que están generando situaciones de acoso y hostigamiento a jueces, fiscales y abogados”.
El legislador explicó que la situación actual limita la posibilidad de aplicar una justicia pronta e independiente, y que pone en riesgo las “libertades fundamentales y la vigencia del sistema democrático en nuestro país”.
El Insivumeh emite un boletín en el cual indican que preliminarmente el sismo fue de 6.8 grados. https://t.co/hRIPTPO3Sl
— Diario La Hora (@lahoragt) February 16, 2022
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS ESENCIALES
En un informe enviado a Macaulay y a Sayán señalan violaciones a las garantías esenciales para el funcionamiento de la profesión jurídica.
En el texto se lee, “La reciente detención de la abogada litigante Leydi Santizo por promover la conexión de casos penales dentro del marco de la legalidad procesal, se ha considerado una intimidación a las funciones profesionales de los abogados/as, con lo cual se atenta contra la independencia en general de todos los profesionales jurídicos puesto que condiciona su decisión de libre actuación procesal y la promoción de actos procesales ante juez”.
LAS ACCIONES DEL MP
Durante las últimas semanas la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, quien ha sido cercano a la fiscal general, María Consuelo Porras, ha emprendido acciones contra varios operadores de justicia.
La semana pasada fue detenida Leydi Santizo, exmandataria de la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ahora también, la exfiscal Eva Siomara Sosa, acudió a Torre de Tribunales tras enterarse que había una orden de aprehensión en su contra.
Ambas son sindicadas en un caso que, según el Ministerio Público se encuentra bajo reserva, por el caso “Cooptación y Corrupción Judicial” a quienes podrían estar señalando por ejercer su derecho de petición.
Además, el MP requirió este año el retiro de inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán por su actuar en casos como Comisiones Paralelas y Odebrecht.
