El Subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado (INL, por sus siglas en inglés), Todd Robinson refrendó el mensaje del Subsecretario de Estado Brian Nichols, quien calificó las últimas acciones del Ministerio Público (MP), como “intimidación y venganza contra ciertos perfiles” contra extrabajadores de la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Robinson publicó en su cuenta de Twitter: “La FG fue sancionada precisamente por acciones como éstas”, citando la publicación del INL.
Cabe mencionar que la fiscal general, María Consuelo Porras y el actual secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda fueron sancionados en el 2021 por el Departamento de Estado de EE. UU. por obstruir e interferir investigaciones de actos de corrupción.
Ambos se unieron a la Lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353, bajo la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte, conocida como “Lista Engel”.
MODELO DE PERSECUCIÓN
La postura del INL se sumó a la del Subsecretario de Estado, Brian Nichols, en donde las autoridades estadounidenses han mostrado su preocupación ante el socavamiento del Estado de Derecho en Guatemala.
Nichols desde su cuenta de Twitter, señaló las acciones dirigidas por Porras como un acto basado en un modelo por arremeter contra personas que, generalmente, trabajan en el combate a la impunidad.
En la publicación en Twitter se lee: “Las acciones del 10 de febrero del Fiscal General de Guatemala contra fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra las personas responsables de combatir la impunidad”.
Más tarde, estas publicaciones también fueron replicadas por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
— Todd Robinson (@Digby06) September 29, 2021
LAS ACCIONES CONTRA SANTIZO Y SOSA
Leydi Santizo, exmandataria de la CICIG fue aprehendida el pasado jueves por supuesta obstrucción a la justicia, al haber pedido la conexión con el caso Odebrecht. Santizo fue señalada en el caso Cooptación y Corrupción Judicial, y al finalizar la diligencia fue trasladada a la cárcel de Mariscal Zavala.
También se accionó contra Siomara Sosa, quien laboró por varios años en la FECI. La abogada se puso a disposición del juzgado tras conocer que tenía una orden de aprehensión en su contra. Su audiencia de primera declaración está prevista para el 15 de febrero próximo.
The Guatemala Attorney General's February 10 actions against current and former anti-corruption prosecutors continue a pattern of intimidation and revenge against individuals responsible for fighting impunity. These concerning actions undermine the rule of law.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) February 11, 2022
