Durante el relanzamiento de la campaña interinstitucional contra las extorsiones, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que el 78% de cobros ilegales y amenazas provienen de “imitadores”, es decir, personas que se hacen pasar por miembros de estructuras criminales organizadas.
En ese contexto, el presidente Giammattei dijo que la mejor manera de combatir la extorsión es la denuncia, añadió que alertar a las autoridades permitirá que, tanto el Ministerio Público (MP) y Ministerio de Gobernación (Mingob) puedan ubicar a los responsables de estos actos delictivos.
“La mayoría de estas personas no tienen capacidad de actuación y solo tienen intimidación. No van a hacer absolutamente nada”, expresó el mandatario.
Además, el jefe de Gobierno, aseguró que durante las fiestas de fin de año se incrementan las extorciones, este extremo lo atribuyó al pago del aguinaldo.
El presidente Giammattei dice que la mejor manera de combatir la extorsión es la denuncia. pic.twitter.com/8Rwfy1Lxbs
— Diario La Hora (@lahoragt) December 16, 2021
MINISTRO DE GOBERNACIÓN NO ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD
Ante la ausencia del titular de la cartera del interior, Gendri Reyes, en el evento participaron el viceministro de Gobernación, Carlos Franco quien indicó que, en esa cartera, «estamos seriamente interesados en abordar el combate de forma integral y participativa».
Por otro lado, el secretario general del MP, Ángel Pineda, sancionado por EE. UU., al igual que la jefa del MP, María Consuelo Porras, señaló que el Ministerio Público tiene, “compromiso con la ciudadanía en continuar la elaboración de mecanismos que propician la certeza jurídica».
ESTADÍSTICAS
Según un informe elaborado por Carlos Mendoza y Marco Robles, de la organización Diálogos, un total de 10,601 extorsiones registró el Ministerio Público (MP), entre enero y septiembre de 2021, lo cual evidenciaría que la comisión de ese delito se duplicó desde 2015 y este sería el tercer año con la mayor cantidad de denuncias reportadas.
Según el informe realizado con base en los datos del Ministerio Público, marzo fue el mes con más reportes de extorsiones en el año con 1,489, a este le siguen febrero con un registro de 1,343 y julio fueron 1,258.
TAMBIÉN LO SUFREN MIGRANTES
Las extorciones también alcanzaron a las familias de las víctimas que viajaban en el tráiler accidentado en Chiapas, al sur de México. Aun sin tener certeza de la situación de sus familiares, también han recibido amenazas y extorsiones de personas que les dicen que están secuestrados en México.
Una imagen enviada a The Associated Press el lunes pasado muestra un mensaje enviado desde un teléfono de México, para solicitar 3 mil dólares a cambio de información.
“La mayoría de estas personas no tienen capacidad de actuación y solo tienen intimidación. No van a hacer absolutamente nada”
Presidente, Alejandro Giammattei
¿Y LA “LEY ANTIMARAS”?
Ayer, La Hora publicó la nota “Aprobación de “Ley Antimaras”, 20 meses sin avance en el Congreso”, en donde se detalla que, a pesar de contar con dictámenes favorables, en 20 meses no ha mostrado avance en el Congreso de la República la propuesta de reformar el artículo 391 del Código Penal, Decreto 17-73, y el artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, más conocida como Ley Antimaras.
El proyecto de ley se identifica con el número 5692 que fue propuesto por el presidente Alejandro Giammattei y el 28 de enero de 2020, el Pleno del Congreso lo conoció y remitió a la Comisión de Defensa Nacional y de Gobernación para el análisis y dictamen correspondiente.
La Ley propone que, en el caso de que existiera flagrancia en uno o más de los delitos de: extorsión, plagio o secuestro, robo agravado, trata de personas, exacción intimidatoria, obstrucción extorsiva del tránsito, tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, “el responsable de dicho delito será sancionado con prisión inconmutable de 10 a 30 años.
Además de una multa de US$25 mil a US$800 mil o su equivalente en moneda nacional. Sin embargo, la iniciativa aún no ha sido aprobada por el Congreso.
