La Convergencia por los Derechos Humanos presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 4-2020 reformas a la Ley de ONG’s por considerar que este decreto violenta la libertad de asociación y de reunión de la población guatemalteca.
Como convergencia por los DD. HH. junto a otras organizaciones sociales y populares señalaron que este decreto, vulnera el derecho de asociación de la población.
Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) y representante de la Convergencia, indicó: «Rechazamos la narrativa falaz del Pacto de Corruptos en el Congreso, de que esta ley pretende fiscalizar a las ONG. El interés que está detrás de esta reforma es limitar la libertad de asociación».
- También puede leer: Shannon O’Neil de Bloomberg: ir tras corrupción en CA es la única solución
- También lea: Aifán denuncia a la PDH que su independencia está siendo vulnerada en el OJ
Las organizaciones señalaron que el fondo de las reformas aprobadas por el Congreso busca “vedar el derecho a la libre expresión, organización, busca control político de las ONG´s e incluso cancelarlas”.
En marzo de 2020, el presidente Alejandro Giammattei sancionó dicho decreto bajo el argumento de que la Ley “limita la libertad de asociación y de reunión de la población guatemalteca”. Luego de que fueran aprobadas por la alianza oficial en el Congreso.
INCREMENTAN ACCIONES CONTRA REFORMAS
El pasado miércoles, Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana presentaron un recurso de inconstitucionalidad general contra el decreto 4-2020, el cual establece reformas a la Ley de ONG.
Organizaciones de defensa de derechos humanos en el país presentaron ante la CC un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 4-2020 reformas a la Ley de ONG's.
Video: José Orozco/LH pic.twitter.com/8HUQEQwHzR
— Diario La Hora (@lahoragt) June 24, 2021
Las organizaciones dijeron que las reformas son inconstitucionales “debido a que establece procedimientos sumarios que permiten al gobierno cancelar de forma discrecional a las Organizaciones no Gubernamentales, limita el libre ejercicio del derecho de asociación y las condenan, incluso a una muerte civil sin proceso de defensa previo, violentando tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala”.
NORMATIVA PERMITIRÍA EL CIERRE DE ONG’S
En febrero de 2020, la alianza oficial planteó las reformas a la Ley de Oenegés, donde se habilitaría la fiscalización de todas las ONG’S en Guatemala, además de su anulación por decisión gubernamental si se considera que las agrupaciones alteran el orden público, asimismo, se sancionará legalmente a los directores de las entidades “infractoras”.
Las reformas en la ley cobraron vigencia el pasado lunes, luego de que el 15 de junio la CC comunicó que se notificó a las partes que solicitaron una acción de aclaración y ampliación solicitada por la Fundación Myrna Mack con relación a la resolución de la máxima Corte de revocar el amparo que detenía las reformas a la Ley de ONG´s.
