POR MARIELA CASTAÑÓN
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Doce cárceles públicas están bajo la administración de la Policía Nacional Civil (PNC) y albergan a un total de 1 mil 597 privados de libertad, la mayoría en prisión preventiva. Estos centros, calificados por analistas en seguridad como “calabozos invisibilizados”, enfrentan los mismos problemas que las prisiones del Sistema Penitenciario (SP) y a la fecha no se conoce un plan de cierre.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), las prisiones bajo la administración de la institución policial, tienen 1 mil 489 personas en prisión preventiva y 108 en cumplimiento de condena, para hacer un total de 1 mil 597.
Los datos oficiales también reflejan que 1 mil 454 hombres y 35 mujeres están en prisión preventiva. Mientras que cumpliendo sentencia se encuentran 101 hombres y 7 mujeres.
Las cárceles públicas están ubicadas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Baja Verapaz.
Al igual que las prisiones del SP, estos centros reportan antecedentes que provocan preocupación, por ejemplo, el pasado 20 de septiembre, diecinueve privados de libertad se escaparon de la cárcel de Santa Eulalia, en Huehuetenango. En ese momento, al menos siete reos fueron recapturados, en los próximos días las autoridades localizaron a los demás presidiarios.
El 21 de agosto, cuatro reos intentaron fugarse de la cárcel pública de Jalapa, pero fueron localizados por agentes policiales.
El informe circunstanciado policial detalló que los disturbios iniciaron cuando los agentes escucharon ruidos en el Sector 3 de esa prisión. Al llegar encontraron herido al reo Fredy Aníbal Nájera Lorenzo, quien estaba en el Sector 5; esta persona fue trasladada al Hospital Nacional de la localidad.
Cuando los policías sacaban a Nájera, los reos se amotinaron y se subieron a los techos; despojaron del arma y del radio a un agente. Los PNC solicitaron más refuerzos para evitar que cuatro reos se fugaran; la evasión no fue posible, se informó en el circunstanciado policial.
Los privados de libertad que intentaron evadirse fueron identificados como: Jaime Flores, Cristian Alexander Chacón Peña, Luis Alfredo Ruedas Escalante e Israel de Jesús Aguilar Serrano.
“CALABOZOS INVISIBILIZADOS”
Analistas en seguridad consideran que las cárceles públicas son prácticamente “calabozos”, que están invisibilizados en las comisarías o sedes policiales de diferentes lugares.
A pesar de que el Artículo 48 de la Ley del Régimen Penitenciario ordena que las prisiones deben estar a cargo del SP, esos centros continúan bajo la administración de la PNC.
La normativa literalmente dice: “Los centros de detención estarán a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, a excepción de los centros de internamiento de menores de edad, que se rigen por legislación especial, por lo tanto es prohibido el ingreso de menores en conflicto con la ley a los centros del Sistema Penitenciario”.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que estas cárceles fueron diseñadas en las nstalaciones de la antigua Policía Nacional y tenían una función, pero en la actualidad no deberían ser utilizadas para que las personas cumplan una condena.
“Esas prisiones, si se pueden llamar así, al final de cuentas son calabozos que fueron diseñados en las instalaciones de la antigua Policía Nacional, de alguna forma tienen alguna funcionalidad, porque cuando una persona es capturada, tal vez a medianoche y no hay un juez de turno donde presentarla, se mantiene detenida ahí mientras se lleva ante un juez como dice la Ley, pero no puede usarse para otros propósitos. Me decía que hay más de 100 personas cumpliendo condena, no debería ser así, ni mucho menos si fue presentada ante juez y se le dio prisión preventiva”, dice Menchú.
De acuerdo con el entrevistado, hay personas que están en los centros preventivos de la PNC porque no hay una cárcel del SP cerca, por ejemplo en Jutiapa, Huehuetenango y Jalapa. Aunque enfatiza que en Quetzaltenango sí hay cárceles del SP.
“En algunas localidades, a falta de cárceles adecuadas al SP se usan las de la PNC, pero eso no debería ser así porque la Ley del SP en 2006, establecía que estas cárceles no deben ser usadas para esos propósitos y por eso es que también se trasladó un plan para la creación de cárceles en ciertos lugares estratégicos”, refiere el investigador del CIEN.
Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), reitera que el SP es la entidad que debe tener el control de las cárceles, según la Ley del Régimen Penitenciario, pero este tema ha quedado olvidado, lo cual contraviene la normativa.
“Es un tema que siempre queda en el olvido, o no se le pone la atención adecuada. Las cárceles del SP podría decirse que están abandonadas hasta cierto punto. –pero– las cárceles públicas prácticamente son invisibles para el mismo sistema o para el Estado de Guatemala. Es una preocupación porque no hay control de las personas que están ahí, que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, o porque están cumpliendo una condena”, argumenta Franco.
“OLLA DE PRESIÓN”
Para Edi Juárez, exviceministro de Seguridad, los últimos eventos como las fugas y disturbios no son una bomba de tiempo, sino una “olla de presión”, que puede provocar problemas en cualquier momento.
“No son una bomba de tiempo, son una olla de presión que ya está sonando, lo que pasa es que debe –analizarse– que la PNC no está para cuidar privados de libertad. Segundo, la sobrepoblación que tienen estos centros, que antes estaban diseñados para cuando la PNC tenía 18 horas para conducir y presentar ante un juez, cuando existía la ley anterior; se siguen llenando y cada vez son más los que ingresan. El otro problema es que están en cumplimiento –de condena–, pero deberían estar en otro sistema, pero normalmente son los jueces que dicen dónde tienen que estar los privados –de libertad–”, explica Juárez.
El entrevistado dice que estas prisiones deben cerrarse, sin embargo, el problema se origina porque no hay dónde ubicar a los detenidos. Agrega que muchas veces estas personas son enviadas a las cárceles públicas porque no hay centros de detención en la región donde fueron capturados, o bien porque hay dificultades para trasladarlos a las audiencias. La mayoría son enviados por orden de juez a esos lugares.
Durante la administración de Juárez, junto al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, crearon una Política de Reforma Penitenciaria con organizaciones de sociedad civil, Ministerio Público y Organismo Judicial, sin embargo, admite que los desafíos siempre fueron la infraestructura, que data de los años 50 y 60, cuando los perfiles han cambiado.
El exfuncionario agrega que también propusieron la creación de módulos en la Granja Penal Canadá y se entregó un primer pago, pero luego de un análisis de la Contraloría General de Cuentas (CGC) detuvieron la obra.
“Es un tema que siempre queda en el olvido, o no se le pone la atención adecuada. Las cárceles del SP podría decirse que están abandonadas hasta cierto punto. –pero– las cárceles públicas prácticamente son invisibles para el mismo sistema o para el Estado de Guatemala”.
Zoel Franco, ICCPG
¿QUÉ HACER?
De acuerdo con Juárez, para atender el tema de las cárceles es necesario que se tomen en cuenta dos puntos: declarar estado de emergencia para crear infraestructura e invertir.
“Lo más importante es declarar estado de emergencia para crear infraestructura e invertir y que el SP sea el que ubique, distribuya y clasifique a los privados de libertad”, refiere el entrevistado.
Además, señala que sería oportuno buscar modificaciones a la Ley del Régimen Penitenciario, para implementar nuevas acciones.
Por su parte, Zoel Franco, opina que se debe buscar una alternativa para trasladar a los privados de libertad a las prisiones del SP, además se deben buscar medidas para evitar la prisión preventiva; este tema debe analizarse en conjunto con el sistema de justicia.
Franco dice que este es un tema de prioridad para el Estado, en el marco de una reforma integral para el SP.
Por su parte, Walter Menchú, propone que se le dé cumplimiento a la Ley para que la gente que está en prisión preventiva y en cumplimiento de condena está en las cárceles públicas pase a los centros del SP, porque aunque el hacinamiento es “atroz” en el SP, es peor en la institución policial, además tienen poca iluminación y menos condiciones adecuadas.
“Esas prisiones, si se pueden llamar así, al final de cuentas son calabozos que fueron diseñados en las instalaciones de la antigua Policía Nacional”.
Walter Menchú, CIEN
¿PLAN DE CIERRE?
Luis Arévalo, viceministro de Seguridad, dijo que este año inició el traslado de privados de libertad de las cárceles públicas a las del Sistema Penitenciario, sin embargo, no precisó en cantidad de detenidos y prisiones de transferencia, pues no tenía el dato.
Por otro lado, indicó que han trabajado en mesas técnicas con miembros de la PNC, SP y Organismo Judicial y dejan una hoja de ruta para que el próximo gobierno dé continuidad.
