POR MARIELA CASTAÑÓN
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Del 1 de enero al 31 de octubre de este año, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ha realizado 2 mil 145 evaluaciones clínicas a mujeres y niñas, por lesiones relacionadas con maltrato.
El Inacif efectúa estas evaluaciones a solicitud del Ministerio Público (MP) y de otras entidades que lo requieren, porque sospechan de la posible comisión de un delito; con estas diligencias, es posible sustentar un caso, por medio de prueba científica.
Hilda Morales, exprocuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera que podrían existir más casos, pero no todos se denuncian, se registran o se unifican en las diferentes instituciones.
De acuerdo con la exprocuradora de la PDH, a pesar de la legislación vigente, no hay certeza de todos los casos de violencia contra la mujer, esto responde a la debilidad del sistema.
“Esto pone de manifiesto la debilidad del Sistema Nacional de Información Sobre Violencia contra las Mujeres, ese sistema está regulado en el artículo 20 de la Ley contra el Femicidio, sin embargo, a pesar de que se echó a andar desde hace algunos años, no se ven los resultados palpables”, reiteró Morales.
Según la profesional, cada institución proporciona sus estadísticas y por eso no se conocen mayores detalles de los casos, por tanto, es necesario exigir el fortalecimiento estadístico, porque esto también ayudaría a crear una política pública de atención al problema.
“La situación es exigir al Instituto Nacional de Estadística (INE) que fortalezca este Sistema Nacional de Información. Ayer estuve en los comentarios al informe que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentará ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ahí mismo se dice que tampoco hay una desagregación de datos que muestre las diferentes denuncias, indicadores desagregados por etnia, edad y otros motivos”, explicó Morales.
A criterio de la entrevistada, todas las instituciones involucradas en la seguridad y la justicia deberían generar los datos y unificarlos para atender el origen de los problemas.
“No solamente es el INE que lleva toda la batuta, es una coordinación interinstitucional donde todas las entidades de seguridad, justicia y salud, son los productores de los datos”, refirió.
