Un total de 18 organizaciones de derechos humanos, política exterior, derecho de los inmigrantes, organizaciones de fe y de refugiados se unieron por medio de una carta abierta dirigida a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés), con el fin de instar a la entidad a revisar sus planes de inversión en Guatemala.
Sobre lo anterior, expresan que los mismos requieren estabilidad e instituciones fuertes y la adhesión constante al Estado de Derecho, mientras destacan que el país es diferente al de hace dos años.
“Somos conscientes de que en enero de 2020 el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei firmó un memorando de entendimiento con la DFC, con el objetivo de catalizar la inversión del sector privado de hasta 1.000 millones de dólares durante tres años en apoyo del desarrollo en Guatemala. La Guatemala de hoy, sin embargo, es notablemente diferente de la Guatemala de hace dos años. En consecuencia, creemos que la DFC debería revisar sus planes de inversión con respecto a Guatemala”, redactan en el escrito.
También hacen énfasis que, a diferencia del 2020, la Fiscal General del país pertenece ahora a la Lista Engel y que la visa de María Consuelo Porras ha sido revocada por patrones de obstrucción e investigación en la corrupción de Guatemala.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 18, 2022
“LA OFICINAL DE FISCAL GENERAL SE HA DEBILITADO”
En la carta las organizaciones firmantes también puntualizan que desde la oficina de Porras se han perpetuado hechos abruptos, arbitrarios e ilegales como el despido de Juan Francisco Sandoval en 2021, y de forma más reciente con la persecución y criminalización de fiscales independientes que investigaban o han llevado casos de corrupción, y como jueces que presiden casos de corrupción enfrentan juicios infundados y amenazas con el retiro de inmunidad judicial, “el mismo sistema de justicia en Guatemala está en peligro”, recalcan.
RECUERDAN EL ESTADO DE SITIO Y LA MILITARIZACIÓN POR EL TEMA DE MINERIA
Otro punto que resaltan las organizaciones en la carta es lo afectada que está la población aledaña a la minera de níquel a la cual se le prohibieron las operaciones en 2020, y que sin embargo siguió con operaciones, por ende, las personas manifestaron y Alejandro Giammattei respondió con declarar Estado de Sitio en el área y militarizar la zona con alrededor 1,000 policías y militares.
“El clima de inversión en Guatemala es uno en el que proyectos transnacionales a gran escala, como la mina descrita anteriormente pueden operar en violación de las sentencias del máximo tribunal del país y en violación de los tratados internacionales que ha firmado el gobierno guatemalteco”, redactan.
Además, mencionan el acuerdo firmado por el Congreso de la República sobre el Decreto 4-2020, que establece un conjunto de requisitos para la constitución, inscripción, reglamentación, funcionamiento y fiscalización aplicable a ONGs nacionales e internacionales, ya que añaden que son “normas que afectan gravemente la capacidad de defender los derechos humanos y que podría criminalizar a los defensores de los mismos y a la sociedad civil en general”.
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TESTIGO A
Por último, mencionan la investigación publicada por El Faro y CNN en Español sobre los alegatos brindados por el “Testigo A” por la presunta financiación ilícita de la campaña del presidente Alejandro Giammattei en el más reciente periodo de elecciones. En donde Giammattei habría recibido alrededor de $2.6 millones de dólares de firmas de construcción a cambio de adjudicación de contratos y pagos avanzados.
“El Departamento de Estado de US y el FBI según se dice tienen copias del testimonio del testigo y están investigando el uso potencial de instituciones bancarias con sede en Estados Unidos en este esquema de corrupción”, comunica la carta.
INVITAN A REEVALUAR INVERSIONES
Debido a los factores mencionados con anterioridad las 18 organizaciones en su carta al DFC le hacen un llamado para que revalúen cualquier inversión en el país; “estos factores han creado un entorno en el que las normas medioambientales, de derechos humanos y de derechos de los trabajadores que el DFC pretende cumplir no sólo no pueden garantizarse, sino que es muy probable que se violen”, finalizan.
¿QUÉ ORGANIZACIONES FIRMAN LA CARTA?
Guatemala Human Rights Commissión/USA, Latin America Working Group, Chicago Religious Leadership Network, InterReligious Task Force on Central America, Center for Gender and Refugee Studies, Presbyterian Church (USA), Red Por la Paz y El Desarrollo de Guatemala (RPDG), Alianza de Organizaciones Guatemaltecas de Houston, American Jewish World Service, Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI), Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Denver Peace and Justice Committe LAC, Maryknoll Office for Global Concers, Mennonite Central Committee U.S., Protection International Mesoamérica, Robert F. Kennedy Human Rights y Due Process of Law Foundation son los grupos firmantes de la misma.
