La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) manifestó que han propuesto tarifas accesibles durante las mesas técnicas de trabajo, al pronunciarse a favor de viabilizar el seguro obligatorio al considerar que la prórroga de la normativa tiene repercusiones para el país dado el impacto que han tenido los hechos de tránsito.
La agrupación hizo alusión a las tarifas al pronunciarse sobre la prórroga del artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 17-2020 del Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Contra Terceros publicado en el Diario Oficial para Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y de Carga.
AGIS manifestó que a lo largo del 2021 se sostuvieron mesas técnicas de trabajo dirigidas por el Departamento de Tránsito, y que con base en un estimado de las tarifas diarias para cada uno de los tipos de vehículos a los que está sujeto el decreto, estas oscilan entre los siguientes costos por día:
Q4.50 para moto taxi
Q7.75 para taxi
Q20 para bus urbano
Hasta Q25 para cabezales de varios ejes.
“Todos esos no solo son precios accesibles para cada sector cuyo fin de uso del propio vehículo es la generación de ingresos, sino que garantizan un respaldo o las víctimas de accidentes viales”, afirmó la asociación en un comunicado.
ACCIDENTES HAN SIDO NOTICIA CONSTANTE
En el escrito agregan que en los últimos cinco meses se han registrado 281 accidentes que involucran al transporte pesado, público o de carga, con un saldo de 167 personas fallecidas, 748 heridas y más de Q30 millones en daños.
NO A MÁS PRÓRROGAS
AGIS también insta a las autoridades de gobierno a no continuar otorgando más prórrogas a dicho reglamento porque consideran importante que la población conozca que desde hace más de 27 años en el artículo 29 de la Ley de Tránsito se exige contar como mínimo con un seguro de responsabilidad civil.
Finalmente la gremial demanda “seguir trabajando en una sociedad más responsable y con un sentido de previsión para afrontar eventos inesperados como los accidentes viales que ponen en riesgo lo vida humana y la sostenibilidad económica de las personas y familias”.
