Durante la sesión plenaria, los jefes de bloque se reunieron al centro del hemiciclo. Foto: Congreso

Luego de más de tres horas de retraso, el pleno de diputados dio inicio a la sesión extraordinaria para intentar conocer el Decreto Gubernativo 8-2021, que establece Estado de Calamidad para los siguientes treinta días en el territorio nacional. Sin embargo, por más de una hora el debate giró en torno al procedimiento para conocer el Decreto. Para ello se estableció una moción privilegiada que obtuvo 82 votos a favor, y 63 en contra el Legislativo y fue a través de esta que, el Legislativo determinó que el decreto sería discutido, por medio de una iniciativa de ley, en tres debates en distintos días.

MOCIÓN PRIVILEGIADA GENERÓ DEBATE

Distintas bancadas expresaron su rechazo hacia el Estado de Calamidad, siendo la medida impuesta por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, como contención a los contagios Covid-19.

Sobre ello, el diputado Oscar Chinchilla del bloque CREO indicó que no estaba de acuerdo «en entrar a votar una moción privilegiada cuando ya la Constitución establece claramente el procedimiento establecido en el artículo 138».

Además, el legislador Bernardo Arévalo, señaló que el procedimiento había quedado alterado, por la sentencia de la CC. Pero dicha sentencia era aplicable al decreto 6-2021 y no podía utilizarse el mecanismo que permitía hacer un procedimiento «rápido», dice.

Por su lado, el diputado Álvaro Arzú del bloque Unionista expresó que tanto él como la bancada no votaría por la moción privilegiada.

«Cada vez nos hemos enredando en la pita porque no hemos sido claros como Congreso cuál debe ser el procedimiento correcto. Yo no voy a votar y nuestra bancada no va a votar por esta moción privilegiada porque creemos que debe de ser en un solo debate», mencionó el congresista Álvaro Arzú.

Mientras que Sonia Gutiérrez de Winaq coincidió en que, según la Constitución, dentro de tres días se debe conocer el decreto. «El problema es que no hay un procedimiento claramente establecido», indicó. En ese sentido, la postura de Winaq, describió, fue que se conociera de urgencia nacional.


El diputado Orlando Blanco de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) comentó que el Estado de Calamidad está pensado políticamente «para que el Organismo Ejecutivo se lave las manos y tire la pelota al Congreso de la República». Refirió que no se debe “quebrar” a la economía nacional.

Agregó que el gobierno no puede responsabilizar a la población «de algo que no es nuestra responsabilidad». «Hoy, mañana o el lunes la bancada UNE se va a oponer al Estado de Calamidad porque no resuelve el problema», puntualizó Blanco.

PRIMER DEBATE FINALIZÓ POR FALTA DE QUORUM

Al aprobarse la moción privilegiada, el Pleno inició con la discusión del Decreto, sobre esto, el diputado Cristian Álvarez pidió a sus colegas diputados que mañana asistan a la sesión en la hora que se convoque y añadió que su voto será en contra.

El diputado Adán Pérez de Winaq también señaló que votarán en contra y posterior al legislador tomó la palabra el diputado Bernardo Arévalo, quien también señaló que votarán en contra y propuso una moción privilegiada verbal, para que el Estado de Calamidad se conociera en una sola sesión.

La propuesta del legislador obtuvo solo 54 votos a favor y 56 en contra, por lo que quedó improbada.
Arévalo aseguró que el Estado de Calamidad es «innecesario y peligroso». Además, el diputado argumentó que el Decreto sirve para abrir la puerta a las operaciones «turbias» que ha caracterizado al Gobierno.
La sesión e culminó debido a falta de quórum. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez convocó a sesión para mañana a las 10:00 horas.


¿POR QUÉ BORDEAN LA ILEGALIDAD?

De acuerdo con el abogado Juan Pablo Gramajo, mañana a media noche vence el “plazo constitucional perentorio”. De esa cuenta, por medio de su cuenta de Twitter, explicó que el Congreso “estará incurriendo en delito de incumplimiento de deberes si –para ese plazo- no ha decidido nada”.

“Los diputados que propusieron esto y los que lo aprobaron se metieron en un buen problema. Penal.”, señaló. Además, respondió a un comentario, refiriendo que existen antecedentes “históricos” de accionar de otra manera. Mencionó que la Corte de Constitucionalidad (CC) reiteró un criterio del 2017 de que es una obligación constitucional pronunciarse. “No lo pueden dejar solo así”, puntualizó.

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Asimismo, aseguró que mientras es aprobado, el decreto, está vigente. “El problema es que no probablemente no van a cumplir el plazo. Ahí la CC los salvó por su (lamentable) criterio de que sigue vigente, aun así, pero también los fregó porque entonces incumplieron y puede ser delito”, reiteró.

*Con información de Jeanelly Vásquez

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