Tras la captura de Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino por el delito de lavado de dinero, circuló un comunicado de la Corporación de Abogados Aguilar & Aguilar en donde buscan aclarar la situación, destacando que, a su criterio, las órdenes de aprehensión son “ilegales y arbitrarias”. Indican que los abogados “son víctimas por su lucha contra la corrupción”.
Además, en el comunicado también se refieren al profesional Juan Luis Aguilar Salguero, quien también tiene orden de captura, según indicaron. Sobre esta persona se consultó al MP; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo confirmación, sobre si como lo menciona la firma, Aguilar Salguero es requerido por la justicia.
LOS ARGUMENTOS DE LA FIRMA
La Corporación detalla en el documento que los abogados fueron capturados por haber prestado su servicio a la Fundación Sabah, cuyos fundadores en Suiza, vendieron una universidad en la Isla de Sabah, con el que parte de los fondos adquiridos se utilizarían para “ayuda médica en áreas de escasos recursos en Guatemala”.
Resalta que parte de los fondos de la venta fue depositado en el Banco de Crédito en 2009. Menciona que dicha entidad declaró al fiscal Saúl Sánchez de la “Fiscalía de Bancos” que “pretendieron llevarse los mismos a la República del Ecuador, país que no aceptó la transferencia y retornó los fondos”.
Agrega que el Banco de Crédito se negó a devolver los fondos a la propietaria, sino que le entregó acciones de la sociedad de la tarjeta de crédito. Destaca que los hechos ocurrieron antes de la contratación de los abogados de Aguilar & Aguilar; la firma fue contratada hasta 2011.
En ese sentido, aclara que desde 2011 a la fecha, la Corporación recibió un total de US$15 mil para el “manejo de costos y gastos”, así como una promesa del 23% de las sumas de dinero que pudiera recuperar del Banco de Crédito a favor de la Fundación Sabah.
“Ningún abogado ni los sindicados han recibido ni tienen relación con el origen, manejo o disposición de los fondos, que siempre permanecieron en Banco de Crédito, Sociedad Anónima y que utilizó para el pago de obligaciones de su tarjeta de crédito, como consta en la investigación del Ministerio Público”, puntualiza.
De esta cuenta, expresa que Aguilar & Aguilar presentó una denuncia contra el Banco de Crédito, y contra funcionarios, directores y representantes de la Fiscalía de Bancos en la que participaban los fiscales Saúl Sánchez y Kleiber Sical.
#AHORALH
En allanamiento capturan a Julia Cristina González Vizcaíno, de 43 años, presunta responsable de lavado de dinero y asociación ilícita. pic.twitter.com/liiPfpDQhz— Diario La Hora (@lahoragt) September 2, 2021
Sobre esto detalla que, para establecer la legalidad de los fondos, Aguilar & Aguilar solicitó al MP autorizar un viaje a Suiza. Detalla que el fiscal Sánchez, quien ejecuta la investigación, no fue al viaje, sino que Sical junto al abogado Ordóñez Zea. No obstante, menciona que el fiscal Sical “jamás entregó el informe del viaje de verificación”, por lo que fue presentada una acción de amparo, no obstante, fue suspendida debido a que el MP “negó la existencia”.
“Somos una firma de profesionales del derecho, con altos estándares de calidad y honorabilidad con más de 40 años de trayectoria y nos consideramos víctimas por haber denunciado al fiscal de la investigación por ocultar medios de investigación que el mismo Ministerio Público, a través de la fiscalía que dirige el fiscal Saúl Sánchez realizó en Suiza. Rechazamos enérgicamente la persecución y mala fe con la que se procede en contra de los abogados quienes únicamente han prestado sus servicios profesionales para la recuperación de sumas de dinero que jamás pasaron por sus manos ni de las que tuvieron control ni beneficio”, concluyó la Corporación Aguilar & Aguilar.
SOBRE EL CASO
Según el MP, los abogados capturados Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino tienen nexos con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala; Adeviseco; Inter-American Resource Foundation; Proyecto Salud y Vida; Corporación Cetro, S.A. David de León Fredrick y/o David Dorle de León; y Patricia Lynn Hough.
Indicó que el caso de lavado de dinero asciende a una cantidad de US$7,500,000, aproximadamente Q58 millones. Además, en las diligencias de allanamiento fueron secuestrados documentos de las ONGs, y papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países.
*Nota modificada a las 19:26 horas para corregir el monto del “manejo de costos y gastos” que habría recibido la corporación.
