Por María España
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Ayer, luego de haber sido juramentada la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, Raúl Melara. Distintas reacciones se han generado a nivel internacional, en Guatemala también han surgido posturas que rechazan lo actuado por el Congreso salvadoreño.
Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de Fundesa, se pronunció en redes sociales ante lo ocurrido en El Salvador, señalando que lo actuado por la Asamblea pone en riesgo el Estado de Derecho en ese país.
“@AsambleaSV de la mano del Gobierno salvadoreño pone en riesgo el Estado de Derecho y con sus acciones está debilitando el orden constitucional en El Salvador. Toda nuestra solidaridad en estos momentos sumamente críticos”, expuso el empresario.
Su publicación causó cuestionamientos, ya que en Guatemala se ha buscado destituir a los jueces por sus fallos y los pronunciamientos no han sido iguales, a lo que respondió “¿Tratando de comparar para salvar cara de lo que hace Bukele en El Salvador? ¿Acaso viste algún juicio? A los magistrados los están sacando, solo falta que les manden al ejército para removerlos por completo”, aseveró.
La @AsambleaSV de la mano del Gobierno salvadoreño pone en riesgo el Estado de Derecho y con sus acciones está debilitando el orden constitucional en El Salvador. Toda nuestra solidaridad en estos momentos sumamente críticos.
— Juan Carlos Zapata S. (@jczapata_s) May 2, 2021
Por ello y para conocer más detalles sobre su postura, La Hora consultó a Zapata por qué cuando se han dado situaciones que señalan algún tipo de manipulación a la justicia, no existen las mismas expresiones, a lo cual respondió el Directivo de Fundesa que: “Acá lo que ha habido son diferentes criterios jurídicos y políticos sobre acciones que diferentes políticos han realizado”.
Agregó que, lo que está ocurriendo en El Salvador es lo mismo que ocurrió en Guatemala en la época de Serrano Elías, “un Golpe de Estado”.
Respecto al tema que compara la situación de ambos países, analistas consideran que, aunque las acciones contra los magistrados en Guatemala son por parte de actores políticos “corruptos”, las reacciones observadas por parte de determinados sectores en Guatemala son contradictorias.
A esto, suman que, la concentración en manos de pocas personas y que no haya contrapesos, lamentablemente siempre lleva a la dictadura y en Guatemala la situación es diferente debido a que existen procesos legales, mientras que en El Salvador están “probando” la concentración de poder, mientras que, en Guatemala, destacan los Pactos de Corruptos en la disputa de las magistraturas.
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AxR: REACCIONES CONTRADICTORIAS
Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas dijo a este vespertino que es contradictorio que se critique el caso de El Salvador, cuando en Guatemala han ocurrido acciones similares contra los magistrados a la CC, equivalente a la Sala de lo Constitucional.
“Allá Bukele y sus aliados dijeron que la Sala se excedía en sus facultades y que había dictado resoluciones ilegales, y acá ha sido más o menos lo mismo que están argumentando los actores políticos; la élite política”, expresó.
Asimismo, señaló que hay un deterioro en la región centroamericana a nivel de democracia, así como un alza en el autoritarismo.
A decir de Montenegro, preocupa que el presidente de la República, Alejandro Giammattei, se “envalentone” al ver que no hay consecuencias internacionales, y que junto a la nueva CC y el Congreso de la República promueva que entre en vigencia la Ley de ONG. Considera que con ello podría darse inicio a la criminalización, similar a lo que el presidente Bukele ha demostrado durante su gestión.
“Es un poco de lo que Bukele quiere lograr allá (El Salvador); atacar a la prensa independiente y a las organizaciones sociales. La población debe expresar su descontento y rechazo a las medidas autoritarias que desean implantar. Hay que pensar cómo hacer denuncia ciudadana permanente”, puntualizó.
ORTIZ: ATAQUES A CC SON POR CORRUPTOS
Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, señaló que en Guatemala, a comparación de El Salvador, debido a que los ataques a la CC provienen de una clase política “corrupta y desprestigiada”.
“No tuvieron mayorías en el Congreso para retirar la inmunidad y nunca lograron dar un golpe contundente”, refiriéndose a la solicitud de antejuicio contra los magistrados Francisco de Mata y Gloria Porras.
Mientras que el caso de El Salvador, lo considera como un ataque “contundente”, debido a que fue “con mayoría en la asamblea legislativa y de parte de un presidente autoritario, pero extremadamente popular”.
CIEN: DICTADURA JUDICIAL EN GT
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que en Guatemala la situación es diferente debido a que existen procesos legales, mientras que en El Salvador están “probando” la concentración de poder. No obstante, considera que dicha acción “no funciona”, refiriendo que podría propiciarse una dictadura.
“La concentración en manos de pocas personas que no haya contrapesos, lamentablemente siempre lleva a la dictadura, y eso lo podemos apreciar que hasta la misma iglesia cayó en ese tema. En Guatemala tenemos que respetar pesos y contrapesos. Tenemos un historial de dictaduras y no hemos salido de una de las dictaduras contemporáneas más grandes que es la judicial”, destacó.
Aclaró que las personas que están abogando por el Estado de Derecho, también lo hacen para que la CC retome el cauce legal. Además, mencionó que la CC no fue creada para que sea la última instancia, sino que, para conocer materia y discusión constitucional, sin convertirse en la última palabra en temas judiciales.
Quezada detalló que las diferentes magistraturas han “atravesado la línea de lo que no les era permitido”, refiriendo que en el último período “rebasaron la Constitución y se convirtieron en un ente superior”. Añadió que destacan los Pactos de Corruptos en la disputa de las magistraturas.
“Quieren asumir el poder político a través de fallos judiciales. Quiere decir que a los tres organismos del Estado los absorben y los sustituyen a través de fallos judiciales. Uno de los Pactos de Corruptos que impulsaba la reelección del grupo de 2016 a 2021, abogaban porque, no querían perder su poder, pero otros grupos de corruptos abogaban por quitarles el poder”, explicó
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