Este lunes, el juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, pidió a autoridades del Sistema Penitenciario (SP) que se lleve a cabo la vacunación contra el virus COVID-19, a los 381 reos que enfrentan un proceso penal en esta judicatura.
Esta solicitud se debe a que el SP, en reiteradas ocasiones ha presentado excusas ante el Tribunal, de no trasladar a reos a las audiencias en donde deben enfrentar algún proceso, bajo el argumento del incremento de casos positivos de la enfermedad en los centros de privación.
“Porque constantemente no los traen a tribunales diciendo que hay contagios… pero NO HEMOS OÍDO que los vacunen. Entonces mejor tomamos la iniciativa…”, resaltó el juez Xitumul.
En este sentido, el órgano jurisdiccional pidió que se programen las citas correspondientes para que se proceda a vacunar a 381 privados de libertad que se encuentran relacionados a casos que se deben solventar en este órgano jurisdiccional.
SE ORDENA DE MANERA URGENTE LA VACUNACIÓN
“En aras de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos de este país, y el marco de los principios y estándares universales aplicables, ordena de manera urgente y dentro en un tiempo prudencial, que no exceda de 15 días, para que el director general del Sistema Penitenciario de Guatemala, gire sus instrucciones a donde corresponda a efecto de solicitar cita médica para la inoculación de todos los privados de libertad que se encuentren a disposición de este Tribunal”, puede leerse en la resolución.
Debido a que el Sistema Penitenciario ha presentado excusas ante el Tribunal de Mayor Riesgo C, de no trasladar a reos a las audiencias en donde deben enfrentar procesos, por el incremento de casos de COVID-19. pic.twitter.com/KQkuSVxrL9
— Diario La Hora (@lahoragt) September 13, 2021
Además, se establece que se debe informar al órgano jurisdiccional que dentro del plazo prudencial que no exceda de 15 días hábiles sobre lo antes ordenado, “bajo los apercibimientos legales correspondientes, para que de manera conjunta se coordine con los médicos de los Centros Carcelarios donde se encuentre los privados de libertad sujetos a esta judicatura, autoridades del Sistema de Salud y Dirección General del Sistema penitenciario, respectivamente”.
