El 1 de agosto de 2007, el Congreso ratificó el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entrando en vigor el 10 de septiembre de ese mismo año, convirtiéndose, en especial a partir de 2015, en la institución que impulsó la lucha contra la corrupción en el país. A casi dos años de su cierre, el legado lo continuó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que atraviesa momentos difíciles tras la destitución de su titular Juan Francisco Sandoval.
Según lo establecido en el acuerdo de su creación, el mandato debía ratificarse cada dos años por las partes involucradas.
Todo esto luego de que el 12 de diciembre de 2006, tras un proceso de negociación en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, acordaron el establecimiento de la CICIG.
Previo a su ratificación por el Congreso de la República, se sometió a un análisis de la Corte de Constitucionalidad (CC), para establecer cada uno de los compromisos adquiridos en los distintos enunciados y que estos fueran congruentes con la Constitución de Política de Guatemala.
Sin embargo, 12 años después de labor investigativa en el país junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), el presidente Jimmy Morales decidió unilateralmente, no renovar el mandato de la CICIG bajo el argumento de que la institución representaba un riesgo para la seguridad nacional, acusándola de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el período del excomisionado, Iván Velásquez.
El 3 de septiembre de 2019, la CICIG cesó sus funciones en el país, trasladando por completo sus funciones a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual estuvo dirigida hasta el 23 de julio de 2021, por Juan Francisco Sandoval Alfaro quien trabajo de cerca con la Comisión.
LOS CASOS DEVELADOS POR LA CICIG
Entre los casos de alto impacto revelados por la CICIG que tuvieron mayor importancia para la población guatemalteca se encuentran: La Línea que vinculó al exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías con actividades de defraudación aduanera, lo cual provocó la solicitud de renuncia de ambos funcionarios por su presunta responsabilidad y la develación de otras investigaciones que relacionaron a más funcionarios, particulares, empresarios, entre otros con posibles actos de corrupción.
Tras la renuncia de Pérez Molina y Baldetti, la CICIG junto con el MP giraron órdenes de captura para 30 personas señaladas dentro del caso, con el fin ponerlos a disposición de la justicia y que de esta forma se dilucidara su responsabilidad.
Entre los otros casos develados por la CICIG y el MP entre 2015 y 2019 se encuentran:
– Cooptación del Estado
– La Coperacha
– Construcción y Corrupción
– Financiamiento FCN-Nación
– Financiamiento Líder
– Financiamiento UNE
– Asalto al MSPAS
– Bufete de la Impunidad
– Subordinación de Poderes
– TCQ
– Comisiones Paralelas 2014
– Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero
– Caso Migración.
El caso más emblemático revelado por FECI, sin la CICIG, fue Comisiones Paralelas 2020, en el cual Gustavo Alejos es señalado de intentar cooptar la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, al manipular los listados de candidatos desde la Comisiones de Postulación.
CREACIÓN DE LA FECI
Luego del establecimiento de la CICIG, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, suscribieron el convenio de cooperación bilateral entre el MP y la CICIG el 27 de febrero del 2008, surgiendo de este la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
La Fiscalía nace con el fin de investigar casos seleccionados por la CICIG y el MP de acuerdo con el marco de su competencia.
Tras la disolución de la CICIG, la Fiscal General del MP, María Consuelo Porras, convierte a la FECI en una Fiscalía de Sección por medio del Acuerdo Ministerial 59-2019, con el fin de incorporarla al esquema organizacional del Ministerio Público y garantizar la continuidad de su funcionamiento a partir del 4 de septiembre de 2019.
ATAQUES CONTRA LA FECI
Sin embargo, con la salida de CICIG, la FECI asumió su rol, incrementándose además los ataques por parte de quienes buscan impunidad, en especial a mediados del 2020 y continuaron con mayor intensidad en el 2021.
A pesar de que su integración al MP se debe a Consuelo Porras, la Fiscal General ha evidenciado con sus acciones, la falta de apoyo a esta unidad, además de intentar retrasar el trabajo investigativo de la Fiscalía.
RETRASO EN EL CASO FINANCIAMIENTO UNE
En octubre de 2018, la Fiscal General retrasó la presentación del caso Financiamiento UNE, en donde se encuentra señalada la excandidata presidencial Sandra Torres, para que fuera conocido hasta febrero de 2019, cuando Torres ya se había inscrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE) obteniendo inmunidad, lo que impidió en ese momento profundizar en la investigación.
QUITA DOS CASOS A LA FECI
En agosto de 2020, Porras quitó dos expedientes a la Fiscalía, el primero de ellos fue el caso por una posible conspiración contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el cual fue trasladado a la Fiscalía de Fiscalía contra Delitos Transnacionales.
El segundo caso corresponde a una investigación que se inició dentro de una nueva fase del expediente denominado La Línea 2.0 por supuesto tráfico de drogas.
Al inicio de esa investigación, la FECI reportó la localización de 25 bolsas de 30.5 kilogramos de efedrina y otros 119 paquetes de la misma droga. Dichos hallazgos se dieron en el interior de la empresa Pan Atlantic Carrier, S. A., que se dedicaba a la importación y exportación de productos, y la cual está vinculada al caso.
DESTITUCIÓN DE SANDOVAL
Porras recientemente decidió destituir del cargo de jefe de la FECI a Juan Francisco Sandoval, luego de que este presentara una objeción ante Consuelo Porras en donde manifestaba las razones por las que la fiscal Cinthia Monterroso no era apta para el puesto de la Agencia-Ocho de esa unidad de investigación.
Según Sandoval, los indicios de la presencia de personas de nacionalidad rusa en la residencia del presidente, Alejandro Giammattei, los Q122 millones incautados y las declaraciones a la Fiscalía de Gustavo Alejos, habrían provocado que buscarán acelerar remoción.
Monterroso fue nombrada por la Fiscal General Consuelo Porras para estar a cargo de los casos de alto impacto de esta agencia de la FECI, a pesar de las denuncias presentadas en su contra en donde se le señala de investigar a personas que no están relacionadas a procesos legales y por el delito de obstrucción de justicia.
En ella, recaerían investigaciones como Construcción y Corrupción, los Q122 millones vinculados a José Luis Benito, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, así como las supuestas filtraciones del Secretario General del MP, Ángel Pineda a personas vinculadas a hechos de corrupción.
Actualmente, la destitución de Juan Francisco Sandoval provocó que Estados Unidos suspendiera su cooperación al MP, declarara que no confía en Consuelo Porras.
En su lugar, fue designada Carla Valenzuela, quien también se habría opuesto al nombramiento de Monterroso y maniobrado para que el caso Construcción y Corrupción no quedará en poder vinculados a la Fiscal General.
