El Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, resolvió dictar sentencia por medio del procedimiento abreviado, de 2 años y 6 meses de prisión inconmutables, los cuales fueron suspendidos condicionalmente, en contra del exgobernador de Baja Verapaz, Rafael Mayén Guzmán por el delito de tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de cuatro años.
“Este juzgado declara, que el acusado Rafael Mayén Guzmán es autor responsable del delito consumado de tráfico de influencias. Se impone al acusado mencionado la pena de dos años y seis meses de prisión inconmutables, con abono de la prisión ya sufrida a partir del momento de su detención, asimismo se impone inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de cuatro años”, señaló la juzgadora en su resolución.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), planteó la acusación en la vía de procedimiento abreviado en contra de Mayén Guzmán, los cuales fueron sustentados con 26 medios de investigación, entre declaraciones testimoniales, informes técnicos, documentos y prueba material.
Por el delito de tráfico de influencias en el caso Asalto al MSPAS y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de cuatro años.
— Diario La Hora (@lahoragt) July 13, 2021
La FECI atribuyó a Rafael Mayén Guzmán el haber utilizado su posición como Gobernador Departamental durante 2013 y 2014, actuando como intermediario entre los funcionarios de la cartera de Salud y la empresa que finalmente fue adjudicada para la construcción del Hospital de Rabinal, Baja Verapaz.
ANTECEDENTES
La FECI dio a conocer en 2019, un caso relacionado a la existencia de una supuesta estructura criminal que funcionó entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y que habría cooptado la cartera de Salud.
Según la Fiscalía, se documentaron coimas pactadas entre diferentes actores para la construcción de hospitales nuevos, en algunos casos, valiéndose de estados de calamidad implementados, por ejemplo, cuando se registró el terremoto de San Marcos en 2012.
Por otro lado, se evidenció la existencia de al menos 450 plazas fantasma en el Ministerio de Salud, la mayoría fueron otorgadas a cambio de favores políticos dentro de la misma organización.
