Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) citó a miembros del Consejo Superior Universitario para que declararan por una denuncia que se presentó contra la elección de la magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026, Gloria Porras.
El CSU se pronunció ayer por la noche denunciando acciones promovidas en su contra derivadas de la designación de Gloria Porras como magistrada, sin mencionar quiénes eran.
El Ministerio Público ha informado que existen dos denuncias contra ese elector, las cuales conoce la Fiscalía de Delitos Administrativos, pero únicamente Guatemala Inmortal, por medio de su abogada Amanda Santizo, ha indicado en sus redes sociales que ellos son uno de los denunciantes.
Lea: Tras el comunicado, el MP “dice” que no presiona al CSU
El MP confirmó que la citación de hoy no asistieron los miembros del Consejo Superior Universitario y que previamente ha sido convocada Santizo, quien tampoco ha acudido a la Fiscalía.
USAN VOTACIÓN PÚBLICA COMO ARGUMENTO CONTRA PROCESO
Algunos de los argumentos que han vertido en contra de la designación es que esta se realizó a viva voz y de forma pública, ya que a la sesión tuvieron acceso los medios de comunicación e incluso se transmitió en redes sociales y que esto no es lo que mandata la ley.
Sin embargo, este mecanismo de transparencia ya se ha utilizado, por ejemplo, la organización Pro-Justicia en sus archivos consigna que la elección para el período anterior, específicamente el 9 de marzo, se realizó así.
“El día 9 de marzo de 2011 a las 10:30 horas inició, en la sala de sesiones del Consejo Superior Universitario, el proceso de votación para elegir a los magistrados, titular y suplente, para la Corte de Constitucionalidad, por la USAC. El CSU permitió la presencia de medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales”, se lee en el documento de la entidad.
Además, las denuncias no han sido presentadas contra la designación del magistrado suplente, Rony López, exsecretario general del Ministerio Público, quien fue electo bajo la misma modalidad.
En este sentido, analistas concuerdan en que existen inconsistencias en la denuncia que fue presentada contra el CSU, ya que pareciera que es más contra la designación de Gloria Porras como magistrada titular, que, contra el proceso y que lo contrario también se tendría impugnar la designación de Rony López.
Le puede interesar: CSU denuncia “acciones promovidas” en su contra por elección a la CC
ORTIZ: LA DENUNCIA ES MÁS POR LA PERSONA QUE SE DESIGNÓ QUE POR EL PROCESO
Para el director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, existen varias inconsistencias ya que, si la denuncia es por el procedimiento, estarían viciadas ambas elecciones, tanto la de Gloria Porras como la de Rony López. Agregó que considera que se trata más de la “exageración y la mala fe”, de llevar a la justicia penal temas que no le corresponden.
Ortiz mencionó que es “opinable”, que la elección tuvo que haber sido privada porque la ley así lo indica, pero por transparencia estaba dentro de las facultades del Consejo hacerlo de forma pública.
Por otro lado, añadió que ni siquiera hay un amparo o una resolución judicial que establezca que la votación haya incurrido en una ilegalidad, “si no hay ninguna respuesta definitiva de la justicia en relación con la votación secreta o pública no se explica por qué el MP ya está accionando en la vía penal, lo cual es muy raro, sospechoso e inapropiado”.
La explicación que se encuentra al respecto es que la denuncia presentada contra el CSU se debe a la persona que se designó y no tanto al proceso como tal, porque lo normal habría sido impugnar las dos designaciones, tanto la de Gloria Porras como la de Rony López y en “ese sentido es entendible que es legítimo que alguien argumente que la elección sea secreta, pero lo lógico es impugnar ambas”, reiteró.
Por si no lo vio: CIDH llama al Congreso a respetar nombramiento de Gloria Porras a la CC
AR: FISCAL ACCEDE A PETICIONES DE ACTORES QUE BUSCAN LA IMPUNIDAD
Por otro lado, Álvaro Montenegro de Alianzas por las Reformas, comentó que es común ver como una serie de actores que buscan la impunidad le piden a la fiscal general, María Consuelo Porras, “ciertas cosas y ella accede, desde ese momento se nota que hay una intención de perjudicar el proceso y se podría indicar que lo que ella desea es perjudicar a la magistrada Porras”.
Agregó que el artículo 30 de la Constitución establece que hay una publicidad de los actos administrativos y la Universidad de San Carlos tiene autonomía para dictar las normas que ellos consideren, señaló que la interpretación debe hacerse de manera integral prevaleciendo los principios de publicidad del proceso.
Asimismo, Montenegro consideró que se trata de favorecer al candidato Omar Barrios, que era el candidato oficialista y la fiscal general y la misma CC actual está en esa línea, perjudicando la designación de Gloria Porras.
AC: EL ÚNICO DELITO QUE SE TIENE ES SER TRANSPARENTE
El representante legal de Acción Ciudadana, Eddie Cux, destacó con respecto a la denuncia planteada en contra de los miembros del CSU que el único delito en que incurrieron es ser transparente y señaló, además, que “es sin sentido y absurdo el hecho de presentar una denuncia buscando opacidad, no tiene sentido presentar una denuncia en un proceso cuando se ha procurado desde hace años la transparencia”.
Cux indicó que si un proceso ya se ha hecho público dignifica a toda la población, “no veo cual es el sentido de presentar una denuncia en contra del Consejo Superior Universitario si lo que está garantizando es un derecho humano de toda la población”.
Añadió que es más una cuestión política de grupos que atacan a una rival política que ha limitado la corrupción y que ha privilegiado algunas resoluciones de pueblos indígenas “sectores conservadores con una ignorancia terrible plantean estas estrategias que hacen que se retrocedan derechos humanos”.
