POR LOURDES ARANA
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Este lunes se tenía programada la audiencia de recusación en contra del juez de Mayor Riesgo «B», Miguel Ángel Gálvez, por el caso Cooptación del Estado, a petición del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ya que considera que la opinión del juzgador no es imparcial en esta carpeta judicial.
Sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo en la Sala Primera de Apelaciones para Procesos de Mayor Riesgo, debido a que, López Bonilla indicó por medio de su abogado defensor, Luis Mérida, que hay un “rebrote” de Covid-19 en la cárcel ubicada dentro del Mariscal Zavala y que hasta el momento no se sabe si él se encuentra contagiado, por lo que decidió “no poner en riesgo a los asistentes a la audiencia con su presencia”.
La excusa fue aceptada por la Sala, por lo que se programó la audiencia de recusación para el próximo 18 de mayo a las 10:00 horas, para que se conozca el argumento planteado por López Bonilla.
El abogado defensor del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla indicó que existe un rebrote de COVID-19 en la cárcel Mariscal Zavala, indicó que entre los pacientes graves se encuentra el exsecretario de la presidencia Gustavo Alejos.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 29, 2021
LA RECUSACIÓN
Mauricio López Bonilla, recusó al juez Miguel Ángel Gálvez, bajo el argumento de que duda de la imparcialidad del juez. Esto debido a que Gálvez participó en el foro en donde se presentó el último informe de labores de la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Miguel Ángel Gálvez estuvo en el panel junto a la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana y con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
EL CASO
Mauricio López Bonilla enfrenta proceso penal en el caso Cooptación del Estado, en el cual la FECI señala la existencia de una estructura criminal que mantenía cooptadas varias instituciones del Estado.
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Esta estructura estuvo liderada por el expresidente Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes habrían recibido alrededor de Q500 millones por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones como parte de acuerdos de campaña, según la Fiscalía.
