POR LOURDES ARANA
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Los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, ordenaron enviar una parte del proceso del caso Construcción y Corrupción, al Juzgado Noveno Penal, insistiendo de esta forma en separar a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, pese al fallo de la Cámara Penal que confirmó a la juzgadora en el expediente contra el diputado Armando Escribá.
Por otro lado, la jueza Noveno Penal, Marjorie Azpurú, planteó una duda de competencia para aclarar lo ordenado por los magistrados suplentes; este proceso se originó dentro de la resolución que en su momento benefició al exdiputado.
CÁMARA CONFIRMA A AIFÁN
En enero pasado, los magistrados de la Cámara Penal, aceptaron un recurso planteado por Aifán, revocando de esta forma la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que benefició a Escribá en el caso Construcción y Corrupción separando a la togada del expediente.
Los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, ordenaron enviar una parte del proceso del caso Construcción y Corrupción al Juzgado Noveno Penal, insistiendo separar a la jueza Erika Aifán. pic.twitter.com/NuDsJJEfdW
— Diario La Hora (@lahoragt) March 9, 2021
Posteriormente, la juzgadora, solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclarar la competencia que tenía en el caso, luego de que la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolviera el 31 de diciembre de 2020 a favor del exdiputado Armando Escribá anulando el proceso en su contra.
Los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo también resolvieron en ese momento que no se asignara el caso a un juzgado de Mayor Riesgo, trasladando el expediente al Juzgado Noveno Penal.
ANTECEDENTES
La jueza de Mayor Riesgo “D”, había ligado a proceso penal al excongresista por los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.
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Según las investigaciones de la Fiscalía, Escribá tuvo nexos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., las cuales firmaron contratos con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando este era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
