Por Lourdes Arana
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El Juzgado Séptimo Penal se inhibió y envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la solicitud de antejuicio promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), contra el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas. Esto como parte del procedimiento inicial de la solicitud del retiro de inmunidad.
El pasado 8 de octubre, la FECI presentó la solicitud de retiro de inmunidad contra el magistrado Vocal I del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hasta hace poco magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, con el fin poder ser investigado por los delitos de obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por su presunta vinculación en el caso Fénix relacionado a Gustavo Herrera.
Juzgado Séptimo Penal envió a los magistrados de la CSJ, la solicitud de antejuicio promovida por la FECI contra el magistrado del TSE Ranulfo Rojas, para que sea analizado si se da o no el trámite correspondiente. pic.twitter.com/tU4rc3WeZg
— Diario La Hora (@lahoragt) October 12, 2020
Según indicó la Fiscalía, Ranulfo Rojas, pudo haber cometido esos delitos cuando fungía como oficial del Ministerio Público (MP), al tener control sobre expedientes que “tienen como común denominador” al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y una estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo, procurando impunidad para los señalados.
Ahora la CSJ, a la cual hace unos meses pertenecía Rojas, deberá determinar si da trámite o no al antejuicio.
lea: FECI plantea antejuicio contra magistrado Rojas por caso vinculado a Gustavo Herrera
ANTECEDENTES
Según las investigaciones de la FECI y en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se determinó la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.
Éstas se realizaban mediante operaciones y personas que fueron detectadas desde 2003, pero no sentenciadas por ese delito, incluyendo varios actos realizados por personas que, a lo interno del Organismo Judicial (OJ), MP y otras dependencias del Estado, que estuvieron encaminados y dirigidos a garantizar impunidad a los involucrados, explicó el ente investigador.
