Por Lourdes Arana
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dio a conocer que durante el 2020 ha logrado documentar que tres exfuncionarios y dos empresarios procesados en distintos casos de corrupción han incumplido con medidas sustitutivas o permisos otorgados por los juzgadores. Mientras esto sucede, autoridades de Gobierno ven poco probable implementar el control telemático a privados de libertad.
El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, informó que entre los acusados que no han acatado las medidas están: Daniela Beltranena, Luis Fernando Pérez, Jaime Aparicio, Juan Luis Ortiz y Gustavo Alejos.
Este último es señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, por haberse reunido, estando en un sanatorio privado, con diputados, magistrados y candidatos a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o Salas de Apelaciones para el periodo de los próximos cinco años. Según la Fiscalía, habría intentado influir en las designaciones.
ACCIONES PODRÍAN INFLUIR EN LA REVISIÓN EN MEDIDAS DE COERCIÓN
Respecto a esta situación, Juan Francisco Sandoval, expresó que hasta el momento se tiene el registro de estas cinco personas que han incumplido las medidas de coerción que fueron impuestas.
“Tengo la estadística de que por lo menos cinco personas se han detectado incumpliendo medidas de coerción como lo pudieron ustedes verificar en el caso del señor Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Luis Fernando Pérez, Daniela de la Luz Beltranena Campbell, así como el señor Juan Luis Ortiz Álvarez”.
El jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, también hizo referencia a los casos que se han registrado con anterioridad:
“Hace unos tres o cuatro años también se dio la situación del denominado teniente Jerez o Francisco Javier Ortiz Arriaga quien también estaba de alguna manera incumpliendo con la medida de coerción que el órgano jurisdiccional en su momento dictó y que de alguna manera según sea el caso en algunas situaciones pueden influir en los pronunciamientos de la Fiscalía con respecto a revisión de medidas de coerción”.
LOS INCUMPLIMIENTOS
Daniela Beltranena quien es señalada en el caso Cooptación del Estado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad fue vista en un centro comercial ubicado en carretera a El Salvador y se le observó reunirse con el diputado Javier Hernández del partido FCN-NACIÓN.
Beltranena goza de medida sustitutiva de arresto domiciliario desde el 12 de septiembre de 2018.
Mientras que el exdiputado Luis Fernando Pérez, de la extinta agrupación política Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que es vinculado en el caso Asalto al Ministerio de Salud fue documentado en una situación similar.
Pérez Martínez es señalado como presunto cabecilla de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, estos eventos ocurrieron durante el estado de Calamidad que fue declarado por el terremoto ocurrido en San Marcos durante noviembre del 2012. Además, es señalado en la construcción de hospitales, compra de bienes y adjudicación de plazas a personas que fueron recomendadas por diputados durante esa gestión.
Se le señala de los delitos de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos y se mantuvo prófugo de la justicia hasta que decidió entregarse el pasado 29 de julio del 2019; recientemente fue captado saliendo de un sanatorio privado donde permanecía con un permiso especial.
Por otro lado, Jaime Aparicio, quien es procesado en el caso Construcción y Corrupción por supuestamente dar sobornos a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, para que esta cartera saldara una deuda de arrastre, contaba con el beneficio de arresto domiciliario.
Sin embargo, se reunió el pasado 9 de enero con el exdiputado Armando Escriba, que también es investigado en este caso, incumpliendo la prohibición para comunicarse con otros sindicados; derivado de esto le fue retirado el beneficio de prisión domiciliar.
Por último, Juan Luis Ortiz empresario que es señalado del delito de financiamiento electoral ilícito, acusado de haber sufragado los gastos de la casa de campaña del PP en la zona 10, fue visto manifestando en las calles en junio pasado contra las disposiciones presidenciales para evitar la propagación del COVID-19, esto a pesar de tener arresto domiciliar.
CONTROL TELEMÁTICO NO SERÁ IMPLEMENTADO A CORTO PLAZO
Parte de las soluciones planteadas por el Ministerio de Gobernación para verificar que se cumplan las medidas de arresto domiciliario, es la utilización del sistema telemático o brazalete electrónico, que rastrea la ubicación en tiempo real de la persona que cuenta con esta medida de coerción.
Sin embargo, Gabriel Juárez, viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de la cartera de Gobernación, admitió que el sistema de control telemático no será aplicado de manera inmediata.
El principal impedimento para no implementar el sistema de brazalete electrónico a corto plazo es por la falta de una normativa y reglamentación para poder implementar aspectos operativos y financieros. Además, la ley no establece un plazo de implementación y el cambio de autoridades ha influido para concretar el proyecto ya que se han tenido varios cambios dentro de la cartera y esto afecta la dirección y visión del proyecto, explicó.
El sistema de control telemático también debe ser costeado por la persona señalada que tiene la medida de coerción, únicamente en el caso que el sindicado sea de escasos recursos, puede ser pagado por el Ministerio de Gobernación.
