Por Lourdes Arana
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El 8 de enero del 2019, un día después de comparecer en el Palacio Nacional junto con el presidente Jimmy Morales, Igor Bitkov publicó unas imágenes de las cámaras del aeropuerto Internacional La Aurora que no son de libre acceso y en la que se veía a unos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)abandonar el país.
Irina y Anastasia Bitkova, que acompañaron al acusado de utilizar documentos de identidad falsos a aquella visita al Palacio Nacional, fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil y a seis por uso de documentos falsificados.
El entonces y actual director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta dijo que iban a investigar pero las pesquisas no dedujeron responsabilidades ni provocaron acciones penales.
Era un momento clave en el Gobierno de Jimmy Morales porque buscaban terminar de minar la operación investigativa y judicial de la CICIG en los casi 8 meses que le quedaban de mandato.
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SE REPITE LA HISTORIA
Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia y ha amenazado al sistema político del país. Ante el riesgo que eso representa, se han roto alianzas políticas (el diputado Felipe Alejos rompió su alianza con el Gobierno, la emprendió contra los ministros de Relaciones Exteriores y Salud, además de no apoyar la prórroga del Estado de Calamidad) y el sistema ha operado a través de diversas maneras.
El juez Miguel Ángel Gálvez declaró el caso bajo reserva y pesar de ello, a Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo le fueron facilitadas el listado de visitas que Alejandro Sinibaldi ha tenido en prisión.
Mendez Ruíz, quien dirige el medio Siglo.21 después que lo adquirió Roxana Baldetti a quien le fue vendido en el 2014, dijo que iba a presentar acciones en contra de Juan Francisco Sandoval porque él y el juez Gálvez habían tenido una reunión con Sinibaldi en la prisión.
REACCIONES
El analista Edgar Ortiz calificó como preocupante que terceros puedan tener acceso a esa información.
Ortiz indicó que en el caso relacionado con Sinibaldi, le parece “preocupante y muy sospechoso”, que una persona particular, refiriéndose a Méndez Ruiz, tenga acceso a esa información, “lo cual indica que hay algún tipo de complicidad desde dentro de los órganos del Estado, el SP o de alguna otra entidad que de alguna forma conspira en contra de la FECI”.
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Asimismo, Ortiz expresó que no es coincidencia ni es habitual que alguien tenga acceso a esta información y menos en el contexto actual, “sobre todo considerando que Sinibaldi puede delatar a mucha gente, entonces es muy claro que habrá quienes quieran desacreditar las pruebas que pueda proporcionar Sinibaldi.
“Eso invita a pensar que hay una conspiración un complot desde algunas entrañas, ya sea el SP, ya sea el propio Ministerio Público (MP), que quieren boicotear la investigación y el trabajo de la FECI”, señalo Edgar Ortiz.
IBARRA: FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN, UNA PRÁCTICA DESDE HACE TIEMPO
Según Carmen Aída Ibarra directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia, “la filtración de información es una práctica que se realiza desde hace mucho tiempo, debido a que no se realizan esfuerzos reales en el sistema de Justicia, en el Organismo Judicial (OJ) en el MP y en la Policía Nacional Civil (PNC), para establecer investigaciones, que desmoten las redes internas que hay en esas instituciones y que son las encargadas de filtrar información”.
En ese sentido Movimiento Pro-Justicia realizó un estudio en Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), sobre los principales problemas, los cuellos de botella en la justicia y pusieron de ejemplo lo que ocurre en el tema ambiental.
“Lo que detectamos es que, por los testimonios de todos los entrevistados, operadores de justicia, es que muchas veces, quienes se dedican a actividades del crimen organizado en las áreas protegidas, logran huir porque siempre se filtra con bastante antelación, cuando hay una diligencia judicial por ejecutarse, como por ejemplo, órdenes de captura”.
En este sentido aún no se ha planteado una solución efectiva a esta problemática que genera que, personas que no son las indicadas, obtengan documentación confidencial.
