Por Lourdes Arana
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Los recientes acontecimientos ocurridos en el país, como la solicitud de antejuicios a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Ministerio Público (MP), además de un evidente ataque al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lo cual pone al país en una crisis institucional, fueron resaltados en una carta enviada por varios actores de la sociedad civil, exfuncionarios y organizaciones sociales a Diego García-Sayán, relator Especial del Consejo de Derechos Humanos para la Independencia de Jueces y Abogados Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el documento con fecha 31 de agosto, los firmantes resaltan que las acciones descritas evidencian una falta de independencia judicial.
El fin del documento es instar al Relator Especial para que realice un “llamamiento” a la fiscal general, María Consuelo Porras, al Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para ser más coherentes con sus actuaciones y respetar las decisiones que se tomaron por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Piden al Relator Especial apoyo para que Porras,Congreso y CSJ cumplan resoluciones de la CC pic.twitter.com/hoISWXyMiE
— Diario La Hora (@lahoragt) September 1, 2020
“El proceso electoral del año 2019 generó la expectativa de que sería posible un cambio en tal situación de facto. Los hechos demuestran que permanece igual y que, por el contrario, la independencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como la del Procurador de los Derechos Humanos – precisamente por hacer su trabajo con independencia – continúan en grave riesgo, como ya fue advertido por la Medida Cautelar 28-19 de fecha 25 de octubre de 1919 adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como indica en el párrafo 35 del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos”, expresa el escrito.
Esta crisis interinstitucional y sociopolítica se ha visto agravada por la reciente decisión de la Fiscal General (de 7 de agosto 2020, presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos) en la que ha solicitado levantar el derecho de antejuicio a 99 parlamentarios, a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se añade en el documento.
“A sabiendas que sólo los magistrados del más alto tribunal constitucional (cuyas resoluciones continúan siendo incumplidas por el Congreso de la República) son los únicos que en realidad corren el riesgo de ser desaforados, dado que son los propios diputados (que se niegan a respetar dichas resoluciones) quienes deben tomar la decisión que procedería”, manifiestan.
“Y para agravar la crisis, en forma parecida estaría actuando una Corte Suprema de Justicia no independiente – cuyo período legal ya está vencido – contra el Procurador de los Derechos Humanos”, se agregó en la carta.
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En el documento, expresan que se considera indispensable que en el llamado se le pida a la Fiscal General ser coherente con sus propias decisiones, derivado que “de manera insólita dicha funcionaria está intentando iniciar acciones penales contra una decisión que la ampara a ella misma y la base de su petición es absolutamente espuria, ya que conforme a la Ley de Amparo y Constitucionalidad – y la jurisprudencia correspondiente – como garantía del principio de independencia judicial, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por las opiniones o las decisiones que ellos adoptan en legítimo ejercicio de su cargo”.
Actualmente los antejuicios de los 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron enviados a la CSJ, para ser conocidos, sin embargo, no han sido programados en el pleno hasta este momento.
El documento está respaldado por miembros de la sociedad civil, exfuncionarios judiciales y del Ejecutivo, así como organizaciones de distinta índole.
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