Por Lourdes Arana
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Según el Índice del Estado de Derecho (IED), elaborado por el World Justice Project (WJP) y presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala se ubica en el puesto 101 de 128 países en el tema de certeza jurídica, argumentando una precariedad institucional, el estancamiento y bajo nivel de la justicia, tanto civil como penal y además, la reducción de la corrupción ha tenido poco avance.
Francisco Quezada, investigador y analista del CIEN expuso que el estado de Derecho en temas de realidad nacional “produce una cierta incomodidad de cara al fenómeno del dominio político. Lo que conduce a procurar una estructura constitucional que limite efectivamente al poder político y deje espacios de autonomía individual frente al poder y -que debería- traducirse en una mejor legalidad, reducción de los costos de transacción en el mercado, respeto a la propiedad privada, certeza jurídica y economía de mercado”.
Sin embargo, añadió que la deficiencia en el sistema político manejado durante los últimos años tiene como resultado la pobreza y la corrupción, los cuales a decir de Quezada, son consecuencia del “modelo deficitario y de la ausencia de un sólido sistema político democrático con partidos políticos fuertes no estatales que frenen la insaciable voracidad de los que detentan el poder”.
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SIN GARANTÍA DE CERTEZA JURÍDICA
El planteamiento que presentó Francisco Quezada, investigador del CIEN, es que existe poca confianza de la ciudadanía hacia el ordenamiento jurídico, lo que en gran medida es consecuencia de la escasa garantía que ofrece la justicia a sus habitantes, a decir del analista, los ciudadanos guatemaltecos no encuentran “una tutela judicial efectiva frente sus controversias, en consecuencia un poder público que no garantiza ni la seguridad ni la certeza jurídica”.
LA CORRUPCIÓN UN TEMA SIN MEJORÍA
El IED del estado de Derecho, en referencia a Guatemala específicamente, muestra que los índices de corrupción no han bajado, en relación con resultados mostrados en los últimos años, concretamente de 2014 a 2020, evidenciado una baja de tres puntos porcentuales en referencia a los resultados del trabajo en contra de la corrupción de 0.37 en 2014 a 0.34 en 2020.
SE DEBE TENER RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO
En conclusión, Francisco Quezada expone que las cifras del IED del WJP, presentan una precariedad institucional y además no evidencia avances, se mantiene un estancamiento y bajo nivel de la justicia tanto civil como penal.
La corrupción sigue siendo un tema sin mejoría ya que se persigue sus efectos y no las causas que la ocasionan. Quezada consideró imperativo el consolidar un sistema público basado en el mérito, rendición de cuentas y evaluación.
