TIGO Guatemala, subsidiaria de la multinacional de telecomunicaciones Millicom, pagó más de US$118 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) relacionada con un “esquema de sobornos” a funcionarios públicos en Guatemala, según informó ese organismo en un comunicado oficial divulgado el martes 23 de diciembre.
Según el ente de justicia estadounidense, la empresa consiguió el acuerdo tras colaborar con la investigación y tomar medidas internas que incluyen despidos de personal involucrado y establecer acciones de cumplimiento y transparencia.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Comunicaciones Celulares S.A., que opera comercialmente como TIGO Guatemala, suscribió un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) por un período de dos años, tras ser señalada de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La información criminal fue presentada ante el Distrito Sur de Florida.
Según el comunicado, TIGO Guatemala es una empresa de telecomunicaciones móviles y fijas en el país y es propiedad absoluta de Millicom International Cellular S.A., una compañía con sede en Luxemburgo, cuyo principal centro de operaciones se encuentra en Estados Unidos.
$118M FCPA Resolution Announced:
TIGO Guatemala paid more than $118 million to resolve a federal foreign bribery investigation, including a $60 million criminal penalty and nearly $60 million forfeiture of ill-gotten profits. The case involved a long-running scheme to bribe… pic.twitter.com/56FN4Nt0xA— US Attorney Reding Quiñones (@USAO_SDFL) December 23, 2025
ESQUEMA DE SOBORNOS
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirma, según recoge el comunicado, que el caso “expone cómo la corrupción socava las instituciones democráticas y los mercados justos”. De acuerdo con sus declaraciones, durante años la empresa adquirió influencia política mediante un esquema sistemático de sobornos con dinero ilícito”, expresó.
Reding Quiñones explica que como resultado de esta conducta, TIGO Guatemala tuvo que pagar una multa penal de US$60 millones y perder casi otros US$60 millones en “ganancias ilícitas”, una resolución que, según el Departamento de Justicia, “refleja la gravedad del delito y refuerza que la verdadera rendición de cuentas y el cumplimiento son el precio de operar bajo el Estado de derecho”.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el DOJ, entre 2012 y 2018 TIGO Guatemala participó en un “esquema de sobornos generalizado y sistemático”. Según el comunicado, los pagos consistían en entregas mensuales de dinero en efectivo a funcionarios a cambio de apoyo a iniciativas que beneficiaban a la empresa.
El Departamento de Justicia señaló que parte del efectivo utilizado para los sobornos provenía de actividades ilegales.
SANCIÓN PENAL
Como parte del acuerdo, según informó el departamento, TIGO Guatemala aceptó pagar US$60 millones como sanción penal y US$58,198,343 en concepto de decomiso administrativo. Además, tanto la empresa como su casa matriz, Millicom, se comprometieron a seguir cooperando con las autoridades estadounidenses en investigaciones penales actuales o futuras durante la vigencia del DPA.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la investigación que fue cerrada en 2018 fue reabierta en 2020 tras la obtención de nueva evidencia proveniente de fuentes distintas a TIGO Guatemala y Millicom. Esa información reveló que la conducta ilícita continuó incluso después del cierre de la primera fase de la investigación e involucró fondos procedentes de actividades ilegales utilizados para financiar algunos de los sobornos.
Pese a ello, el DOJ indicó que TIGO Guatemala recibió crédito por aceptar responsabilidad y cooperar de forma sustancial en la segunda fase de la investigación, además de implementar medidas correctivas tras la adquisición del control total de la empresa por parte de Millicom en 2021. Entre estas acciones, el comunicado menciona despidos de personal involucrado, fortalecimiento del programa de cumplimiento, nuevas políticas internas y una ampliación significativa de los recursos destinados al control anticorrupción.
Según el Departamento de Justicia, estas consideraciones justifican una reducción del 50% en la sanción penal respecto del mínimo previsto en las directrices aplicables y la fijación de un DPA con una duración de dos años.
Finalmente, el comunicado señala que las Fiscalías de Estados Unidos para los distritos Sur de Florida y Sur de California acusaron previamente a cuatro personas vinculadas al esquema, mientras que el FBI continúa a cargo de la investigación.
