Por atención médica pudo haber justificado la jueza el traslado de «El Lobo» dentro de las recomendaciones administrativas de la PDH

Redacción La Hora
Redacción La Hora

El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, indicó, ante las preguntas de los congresistas, que las recomendaciones que se emitieron se realizaron hacia el Sistema Penitenciario (SP), entre las cuales se agregó la situación de clínicas médicas en Renovación I, lo cual pudo haber dado paso a la solicitud del traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, «El Lobo», como se señaló en la Comisión de Derechos Humanos.

En ese sentido, el procurador de los Derechos Humanos, afirmó que se entregaron dos informes, uno hacia la señora jueza, conforme a lo solicitado, y un segundo con recomendaciones administrativas hacia el Sistema Penitenciario, en el cual se agregaron aspectos como alimentación y atención médica.

«En ningún momento, el procurador de los Derechos Humanos, el informe solicitado por la jueza de ejecución, recomendó el traslado de algún privado de libertad», respondió Córdova ante la resolución de la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt.

“Renuncie al cargo, usted no tiene las capacidades”: Diputados piden la salida del PDH y relatores contra la tortura

 

Entre las recomendaciones administrativas al sistema carcelario, que Córdova aseveró, «no se pueden obviar» incluían observaciones como el de la clínica médica, la necesidad del agua potable y análisis y fortalecimiento de la infraestructura.

Estas recomendaciones, en particular la inexistencia de una clínica médica, como puntualizó Córdova, dieron paso a que se interpretara el traslado del líder de la estructura criminal desde el centro de máxima seguridad Renovación I, hacia Fraijanes II, según lo señaló la diputada del partido Unionista, Lucrecia Marroquín de Peinado.

«Me llama mucho la atención esta porque en esta se basó también para darle el traslado: Atención médica, verificar si el médico de turno está designado de forma permanente al centro y sus horarios de servicio o en caso de que otros centros o centros de detención estén asignados», leyó la diputada sobre los requerimientos por parte de la jueza hacia las dos instituciones en un informe fechado del 5 de septiembre.

«Qué chulo, ahora sí quieren que le cuiden su salud, cuando él fue el que dirigió el ataque al Hospital San Juan de Dios», dijo Marroquín expresando así una oposición marcada a las decisiones u observaciones propuestas por la PDH y solicitud de la jueza, señalando los más de 1 mil años a los cuales él está condenado a prisión, incluso reiterando que a «este hombre ya se le debió haber aplicado la pena de muerte que por razones ideológicas no se ha cumplido con la Constitución de la República».

Cabe resaltar que el informe que fue entregado a Batún Betancourt no puede ser público, ya que este pertenece a una carpeta judicial y no busca entorpecer el debido proceso, según lo señaló el ombudsman.

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, quienes citaron tanto al procurador como al relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Alfredo Sánchez, cuestionaron a ambas instituciones sobre los informes entregados que dieron paso a que se solicitara el traslado del cabecilla del Barrio 18.

Los diputados, como el del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, le urgieron al procurador compartir qué fue entregado en las recomendaciones, pero también emitir las mismas hacia las posibles vulneraciones de los derechos humanos de la población en general que el traslado a la cárcel de menor seguridad podría conllevar.