Ines Castillo recrimina a PDH, pero relator hizo campaña con él

Diputados de distintas bancadas cuestionaron al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, y a los relatores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), por el informe que sirvió de base para ordenar el traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, líder del Barrio 18, hacia la cárcel de Fraijanes II, motivos por el que solicitaron sus renuncias.

El titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Alfredo Sánchez Chinchilla, confirmó que el documento que sirvió como recomendación para el traslado, fue firmado por Bryan Javier Morales Aguilar, subdelegado de la Región Sur.

La confirmación despertó polémica, ya que Morales Aguilar no solo ocupa un cargo dentro del MNPT, sino que también participó en el proceso electoral de 2023 como candidato de la UNE en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

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CAMPAÑA POLÍTICA

En aquel proceso, Morales Aguilar acompañó de cerca a la UNE, incluso realizando actividades políticas junto al diputado José Inés Castillo Martínez, electo por el distrito de Santa Rosa y hoy jefe de bancada de ese partido.

El señalamiento genera controversia porque durante la misma citación, Castillo cuestionó con dureza el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y pidió la renuncia del procurador Córdova, pero poco la labor de los relatores.

«Todo el pueblo de Guatemala está indignado por todo lo que está pasando. Renuncie al cargo, usted no tiene las capacidades para ser procurador, y no solo es este caso, son miles de casos de violación de derechos humanos en nuestro país», expresó el parlamentario.

SOLICITUD DE RENUNCIAS

Además del reclamo al PDH, diputados de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y del partido Unionista se sumaron a la petición, para también destituir a los relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, al considerar que su labor se ha distorsionado.

Respecto, a la renuncia de los relatores, el congresista de la UNE agrego que, la oficina fue creada a raíz de convenios internacionales a los cuales Guatemala se ha suscrito, «bajo la esperanza que se dedicara a proteger los derechos humanos».

La diputada unionista Lucrecia Marroquín de Palomo señaló que se pedirá en próximas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos discutir formalmente la renuncia o destitución de estos funcionarios y trasladar el tema a la Instancia de Jefes de Bloque, para que eventualmente llegue al pleno.

#AhoraLH | El diputado José Inés Castillo le pide la renuncia al procurador de los Derechos Humanos debido a que no se ha pronunciado por temas de derechos humanos y menciona algunos casos.

📹✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/YWi6GpIQGb

— Diario La Hora (@lahoragt) September 24, 2025

 

EL TRASLADO DEL LOBO

Tal como se consignó en la nota titulada: «Una jueza ordena el traslado de “El Lobo” a una cárcel de menor seguridad tras informes de la PDH y la Oficina contra la Tortura» el pasado 17 de septiembre, la jueza, ordenó el traslado de Ochoa Mejía de la cárcel de máxima seguridad Renovación I a Fraijanes II.

La orden de la togada fue basándose en tres informes: uno de la PDH, otro de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y un peritaje médico del Inacif. De esa cuenta, la resolución contradijo la decisión del Ministerio de Gobernación, quienes el 30 de julio había reubicado a diez cabecillas de pandillas al penal de máxima seguridad. Entre ellos estaba «El Lobo».

Ese mismo día, la PDH y el relator de la región occidente, de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, Lesther Castellanos, aclararon que no habían emitido ninguna recomendación relacionada con el traslado de personas privadas de libertad a otros centros carcelarios.

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EL INFORME DE LOS RELATORES

En cuanto al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura describe que el privado de libertad recluido en Renovación I, en Escuintla enfrenta condiciones inhumanas: celda sin ventilación ni luz natural, superficie de concreto sin colchoneta, inodoro inservible, carencia de artículos de aseo y alimentos en mal estado, lo que ha agravado su salud, incluyendo diabetes y problemas renales.

Además, denunció actos de violencia física por parte de la PNC y el Sistema Penitenciario, riesgos a su vida por contacto con pandillas rivales y abandono estatal que, según el documento, constituye tortura psicológica y violaciones a sus derechos fundamentales.

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