El Juzgado Décimo Penal, a cargo del Juez “A” Víctor Cruz, decidió ligar a proceso al catedrático de la Escuela de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Gad Esaú Echeverría, por los delitos de usurpación y depredación de bienes cultural, por presuntamente participar en la toma de la casa de estudios.
Caso Toma Usac: MP imputó delitos contra catedrático Gad Echeverría
A su vez, el Juzgador decidió dictar falta de mérito a favor de Echeverría por los delitos de asociación ilícita y sedición por la ocupación de la USAC durante 2022 y 2023 en desacuerdo a la elección de rector en la que resultó electo Walter Mazariegos.
Asimismo, el Juez otorgó medidas sustitutivas a Echeverría, incluyendo el arresto domiciliario, así como una caución de Q10 mil, la prohibición de salir del país y mantener comunicación con el resto de implicados en la investigación.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó una caución de Q10 millones, mientras que el abogado de la USAC se negó al otorgamiento de medidas sustitutivas ya que fue capturado en el departamento de Sacatepéquez, pese a que su domicilio es en Guatemala.
En cuanto a la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó que fuera beneficiado con arresto domiciliario, ya que no le quedaron claros los hechos que el ente investigador imputó.
LA AUDIENCIA
La Fiscalía contra Delitos contra el Patrimonio Nacional, a cargo de Saúl Sánchez, basa los hechos del caso denominado como “Toma USAC: Botín Político”, en una manifestación ocurrida el 4 de agosto en donde se registró la quema de un automóvil dentro de las instalaciones universitarias cuando estaba ocupada.
De esta cuenta, sostiene que un grupo de docentes, sindicalistas, estudiantes y periodistas que estaban durante la manifestación fueron partícipes de la toma de la Universidad, incluyendo el catedrático de la Escuela Superior de Arte (ESA) de la USAC, Gad Echeverría.
Según el fiscal Sánchez, existe un registro de llamadas que Echeverría habría hecho desde la USAC, así como fotografías y vídeos que consta que estuvo durante la manifestación del 4 de agosto
Sin embargo, la defensa del docente, Juan Jeremías Castro, aseguró que entre los indicios que presentó la Fiscalía nunca se relaciona a Echeverría entre los delitos por los que se le acusó, a la vez que únicamente un testigo identificó.
A su vez, explicó que Echeverría, durante la manifestación, estuvo a las afueras de la USAC. Además, no se documentó que haya querido derrocar a Walter Mazariegos y que nunca utilizó sus redes para incitar la toma de las instalaciones universitarias.
EL CASO
El MP solicitó la orden de captura de 27 estudiantes, docentes y trabajadores de la USAC, así como el retiro de inmunidad de diputados de Semilla, Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y del entonces binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, por la supuestamente utilizar la toma de la San Carlos como un “botín político” para figurar en las Elecciones Generales de 2023.
La toma de la USAC inició como una medida de protesta en contra de la elección a rectoría en que resultó electo Walter Mazariegos, ya que la secretaría general de la Universidad redujo el Cuerpo Electoral Universitario (CEU) y excluyó a electores opositores durante la elección.
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PGN SEÑALA IRRESPONSABILIDAD DE ABOGADA
Luego de la audiencia, la PGN explicó que que la abogada que representó a esta entidad no cumplió con pedir la falta de mérito del caso, tal y como «le fue instruido previamente».
«En este sentido, la PGN manifiesta que es inaceptable que es un Estado de Derecho se persiga a las personas, sin existir indicios suficientes para vincular a un proceso penal», agregó.
#ComunicadoPGN| Respecto a la audiencia de primera declaración del artista y docente Gad Esaú Echeverría García, PGN informa: pic.twitter.com/TIAUuro6l1
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) October 4, 2024
A su vez, resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en manifestar su preocupación por el abuso del proceso penal como instrumento de criminalización política en Guatemala.
Además, señaló que la defensa de los intereses del Estado y sus ciudadanos es una de las principales obligaciones de la Procuraduría, por lo que manifestaron su descuerdo con la posición «irresponsable» de la profesional del derecho, ya que es en «contraposición» con lo concebido como tarea fundamental de la institución.
