A través de un comunicado, docentes e investigadores de las Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Landívar manifiestan su respaldo y apoyo a las movilizaciones y manifestaciones pacíficas que se están realizando en el país.
Además, ratificaron su reconocimiento al trabajo de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), Juntas Electorales Municipales (JEM) y Juntas Electorales Departamentales (JED), «pues nuestro sistema democrático resiste gracias a su dedicación y esfuerzo«.
En tanto, reconocen y agradecen a colegas, especialmente a estudiantes que participan en las distintas movilizaciones y manifestaciones.
Docentes e investigadores de las Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Landívar hacen saber: pic.twitter.com/xwtpm19Ylh
— Diario La Hora (@lahoragt) October 6, 2023
En ese orden, manifiestan que el diseño constitucional del Estado guatemalteco coloca al Tribunal Supremo Electoral como autoridad máxima en todo lo relativo a los partidos políticos y al proceso electoral, por lo que ninguna autoridad tiene legitimidad para desconocer lo resuelto por éste. Lo contrario implicaría romper con el orden constitucional.
«Nuestro rechazo más categórico y enfático a las expresiones ilegítimas que intentan desconocer el trabajo de miles de voluntarios que conformaron las JRV, JEM y JED. Cualquier intento de alterar el resultado del proceso electoral es un insulto ignominioso e intolerable«, afirman.
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Los docentes e investigadores, expresaron también su profunda preocupación por la situación que ha generado la aplicación abusiva y arbitraria de la legislación penal en contra del proceso electoral y sus actores.
De esa manera, señalan que lo anterior ha provocado una situación de inestabilidad política innecesaria que pone en riesgo el respeto y garantía de los derechos de la ciudadanía y que, además, ha provocado un desprestigio internacional del ejercicio del Derecho en Guatemala.
Asimismo, señalan que el derecho a la manifestación se encuentra reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y que se atenta contra este derecho cuando se ejerce violencia en contra de las personas manifestantes.
«Es necesario y urgente que los distintos tribunales competentes resuelvan las acciones de amparo y de inconstitucionalidad relacionadas con el proceso electoral. En especial, que la Corte de Constitucionalidad asuma su mandato y defienda el orden constitucional, sin hacer uso excesivo de rigorismos formales para entrar a conocer y pronunciarse sobre el fondo del asunto«, agregan.
Por último, afirman estar convencidos de que es recuperable el camino democrático y republicano, como única vía para garantizar los derechos y libertades de todas las personas y así alcanzar el bien común.
