La Congresista de Estados Unidos, de origen guatemalteco, Norma J. Torres, emitió un pronunciamiento este 29 de julio, tras la publicación más reciente del Departamento de Estado, de una lista de personajes gubernamentales corruptos en Centroamérica, en los que se incluyen a funcionarios del actual gobierno y en los que mencionó que tienen pruebas que abusan ilegalmente de su poder.
Torres se refirió a la corrupción en Guatemala y el apoyo que los Estados Unidos ofrece a gobiernos en Centro América. “Los intentos del régimen gobernante de Giammattei de subvertir la democracia durante las recientes elecciones en Guatemala dejaron en claro que la corrupción sigue proliferando en el Triángulo Norte. Al publicar esta lista, el Departamento de Estado le brinda al Congreso la información que necesitamos para garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no enriquezcan a los funcionarios corruptos”, expresó la congresista.
HACE LLAMADO A DEMÓCRATAS Y REPÚBLICANOS
Así mismo, la funcionará estadounidense índico que cuentan con pruebas de que las personas en dicha lista “abusan ilegalmente de su poder para solicitar sobornos, amenazar a la oposición política, encarcelar a periodistas independientes como José Rubén Zamora y llenarse los bolsillos a expensas de aquellos a quienes sirven”.
Por ello, Torres dijo que estos funcionarios “antidemocráticos” deben enfrentar las consecuencias de elegir el beneficio personal sobre el bien público, mientras hizo un llamado a los Congresistas demócratas y republicanos a pronunciarse sobre lo que sucede en Guatemala.
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“Combatir el retroceso democrático en la región requerirá el apoyo de demócratas y republicanos por igual” … “Me preocupa que mis colegas republicanos en el Comité de Asignaciones recientemente presentaran proyectos de ley para recortar los fondos para los esfuerzos anticorrupción de EE. UU. en la región, y los insto a reconsiderarlos a la luz de este informe”, continuó diciendo Torres.
SEÑALA VÍNCULOS
Según Torres, varias personas en esta lista tienen vínculos con la industria energética de Guatemala, por lo que indicó que teme que ciertas disposiciones republicanas puedan hacer que se enriquezca a los funcionarios corruptos de energía guatemaltecos y dañar a las comunidades indígenas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el miércoles 19 de julio la Lista Engel en la que señala de actores corruptos a algunos funcionarios y un expresidente del mercado mayorista de energía de Guatemala. Esta es su tercera edición que sanciona a ciudadanos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
Los sancionados en Guatemala son: la fiscal Cinthia Monterroso, el juez Fredy Orellana, el exministro Gendri Reyes, el expresidente del mercado mayorista de energía de Guatemala, Edgar Navarro, el líder sindical de magisterio Joviel Acevedo, el juez Jimi Bremer, Lesther Castellanos, actual relator guatemalteco, Melvin Quijivix, Presidente del INDE y exintegrante del desaparecido Centro de Gobierno, Omar Barrios, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Portuaria Nacional y el rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) Walter Mazariegos.
MIGRACIÓN Y DEMOCRACIA
Torres abordo uno de los temas centrales que preocupa a Estados Unidos, indicando que el gobierno norteamericano “debe trabajar para abordar las causas profundas de la migración y reducir la cantidad de personas que sufren en nuestra frontera sur, y eso requerirá un compromiso unido para combatir la corrupción y fortalecer la democracia en Centroamérica”.
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Norma Torres es la única congresista nacida en Centroamérica y presidenta de la bipartidista Centroamérica Caucus.
Además de ser una de las arquitectas originales de la lista de la Sección 353 del Departamento de Estado de funcionarios corruptos en Centroamérica.
El comunicado emitido el sábado 29 de julio, expresa que el lanzamiento público de esta lista respalda sus esfuerzos en el Comité de Asignaciones, que supervisa todos los gastos nacionales y extranjeros, para responsabilizar a los actores corruptos mientras apoya a quienes luchan por defender el estado de derecho en la región.