El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó este jueves 27 de abril el acuerdo 438-2023, con el que se disponen varias acciones para preservar la autopista Palín-Escuintla, que a partir del 1 de mayo pasa a manos del Estado. Esta cartera de gobierno será la responsable de su conservación, mantenimiento y supervisión.
Al respecto, la normativa remarca que el Congreso de la República, con fecha 17 de abril de 1998 emitió el decreto 24-98, que otorga la concesión sobre los servicios públicos de la autopista Palín-Escuintla con cobro de peaje por 25 años, plazo que vence el domingo 30 de abril próximo.
“En consecuencia, a partir del 1 de mayo de 2023, el Estado de Guatemala, a través del CIV deberá hacerse cargo de la conservación, mantenimiento y supervisión de la carretera principal”, se lee en el acuerdo 438-2023.
Además, se explica la necesidad de darle servicio al mencionado tramo y que luego de haberse finalizado el plazo de la concesión, se debe mantener esa labor en los niveles que hasta ahora se han tenido.
Por eso, se afirma que “resulta necesario adoptar las medidas técnicas y legales que permitan de la mejor manera preservar el mencionado tramo carretero, lo cual repercutirá en el bienestar de la economía regional y nacional por la importancia del mismo.
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PRINCIPALES MEDIDAS
Según el acuerdo, “con el objetivo de preservar la vida y la seguridad de los usuarios de la carretera CA-9 Sur ‘A’”, a partir del lunes 1 de mayo, desde las 0 horas, se restringirá la circulación de vehículos automotores de carga y sus combinaciones mayores o iguales a seis ejes.
“Se exceptúan el transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, seguridad nacional y grúas por ser un equipo de servicio”, se detalló.
También se estableció que la velocidad máxima a la cual puede desplazarse un vehículo en ese tramo será de 80 kilómetros por hora.
Además, se prohibió la colocación de cualquier tipo de rótulo, vallas, mantas, mupis o anuncios publicitarios sin la autorización previa de la Dirección General de Caminos.
El gobierno también prohibió la instalación de comercios de productos, artículos o servicios dentro del derecho de vía de la referida carretera, así como cualquier objeto que impida, obstaculice u obstruya la visibilidad de las señales de tránsito, puentes, intersecciones de vías o cruces en el tramo.
SEGURIDAD
Se autorizó la instalación de reductores de velocidad con la intención de resguardar la seguridad e integridad de las personas. De esa cuenta, la Dirección General de Caminos deberá hacer las gestiones correspondientes.
Estos tendrán que ser colocados “en áreas técnicamente necesarias”, se señaló.
Se prohibió la creación de retornos viales o cualquier corte a los arriates.
La Dirección General de Caminos (DGC), la Dirección General de Transportes (DGT) y la Dirección General de Seguridad Vial (Provial) estarán a cargo del control y aplicación de estas disposiciones.
VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
En el artículo 8 se estableció que “el plazo de las restricciones contenidas en el presente acuerdo ministerial, es de un año comprendido del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024”.
Cualquier infracción a las disposiciones del referido acuerdo serán sancionadas conforme a las leyes vigentes.
Esta normativa entró en vigencia este jueves 27 de abril, debido a que se estableció que sus “efectos” son “inmediatos”, y bastaba con su publicación en el Diario Oficial.
El acuerdo está firmado por el ministro Javier Maldonado Quiñónez, titular del CIV; Sergio González, viceministro Administrativo y Financiero de la referida cartera; y Erik Sánchez, viceministro de Transportes de dicho despacho.
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