Tras una verificación por parte del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sede Quetzaltenango, Virginia Laparra se refirió a su caso por el cual fue ligada a proceso penal, producto de una orden de la Fiscal General María Consuelo Porras.
En una publicación de la cuenta oficial de Twitter, el PDH informó de su visita a Laparra en el centro de detención Mariscal Zavala, para verificar su situación, luego de ser enviada a prisión preventiva tras ser acusada por el Ministerio Público (MP) de supuestamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.
La exjefa de la FECI departamental brindó detalles de su caso en una carta abierta, escrita y firmada por ella, que entregó al PDH.
El @PDHgt @JordanRodas verifica situación de Virginia Laparra en Centro de Detención Preventiva de Mariscal Zavala. La exfiscal Virginia Laparra fue ligada a proceso por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. pic.twitter.com/tWSthOtgvE
— PDH Guatemala (@PDHgt) April 3, 2022
LAPARRA: LLEVO MÁS DE UN MES PRESA
“Veo la luz del sol una vez al día, fui arrancada de mi tierra, mi bella, amada e inigualable Quetzaltenango, me alejaron de mi casa, mi familia, de mis amigos, me dejaron sin trabajo y me arrebataron mi libertad”, se lee en las primeras líneas de la carta de Laparra, quien dice que a la fecha lleva más de un mes en prisión.
La exjefa de la FECI asegura que su caso se inició por presentar denuncias administrativas como fiscal del MP contra un juez de Primera Instancia Penal en delitos de Mayor Riesgo.
Además, indica que a lo largo de su carrera ha visto que jueces presentan denuncias administrativas en contra de fiscales, inclusive el juez que ella denunció lo ha hecho, incluyéndola.
Hoy verifique la situación de la ex Jefa de la FECI en #Quetzaltenango Virginia Laparra en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala, este es un testimonio escrito por ella misma, de lo que le ha tocado vivir en este proceso https://t.co/CXsOrx4Xh9 pic.twitter.com/bWvWQ5SKOs
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) April 3, 2022
“Y me preguntó: ¿es eso un delito de tal gravedad que merezca prisión preventiva? Es claro que las circunstancias cambian dependiendo de quién es el actor”, escribe Laparra.
En su escrito, también explica que al proceso en su contra le abrieron dos causas; una en Quetzaltenango y otra en Guatemala.
“La causa de Quetzaltenango es del año 2018 y la de Guatemala, la causa es 2019, ¿en qué estado de derecho se abren distintas causas, en distintos departamentos a un mismo número ministerial?, solo en el que se me está aplicando a mí”, detalla.
FISCAL A CARGO DE CASO LAPARRA: “SON ÓRDENES DE MI JEFA”
Laparra indica que un día antes de su aprehensión tenía programada audiencia en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, el mismo que dictó su aprehensión.
“Pregunto, por qué no se me permitió llegar a la audiencia ya programada, por qué mandar aprehenderme de inmediato un día antes”, cuestiona.
Asimismo, señala que la causa donde se gira su aprehensión es año 2019 y el nuevo número de expediente del MP que le dan a esa causa es ahora 2021. “De 2 años posteriores al número de causa, pregunto, cómo un juez puede tomar control de un número del MP que aún no existía”, añade.
En la carta, Laparra narra que cuando el MP solicitó su aprehensión el juez pregunta por qué aprehensión y no citación, a lo que la fiscal del MP responde: “porque son órdenes de mi jefa, y se sospecha se pueda fugar”.
A lo anterior, el juez agregó que, dictó la aprehensión porque Laparra ha planteado tantas actividades procesales defectuosas, tantas reposiciones, apelaciones, quejas, incidentes y amparos, se lee en el manuscrito.
“Lo que el juez no dijo es que todos esos planteamientos los hice porque nunca me permitieron estar en las audiencias de adhesiones de los supuestos querellantes y porque me tenían dos causas abiertas por el mismo caso, que ejercer el sagrado derecho de defensa no es un peligro de fuga, por ende no es motivo legal para dictar aprehensión y mucho menos dictar prisión preventiva”, indica.
Laparra relata que en la audiencia de primera declaración, el juez al dictar prisión preventiva dijo que si la dejaba salir, al día siguiente él iba a recibir en su judicatura muchos requerimientos de parte de ella, y en tono de burla, se refirió a su grado académico de Doctora en Derecho Penal y Procesal Penal.
Apunta que las razones por las que se encuentra en prisión son: ser mujer, haber pertenecido a la FECI, no fugarse en cuatro años que el proceso ha durado, “intentando por todos los medios a mi alcance que me dieran la intervención que en derecho correspondía”.
“Por ejercer mi derecho de defensa, tener un grado académico de doctorado”, añade.
“Mi delito: presentar denuncias administrativas por un actuar anómalo de un juez, eso, no es un delito”, apunta.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 2, 2022
HABLA DE CRIMINALIZACIÓN SELECTIVA
En la carta la exjefa de la FECI resalta que su caso se trata de una discriminación y criminalización selectiva y malévola, que tiene como fin erradicar cualquier posibilidad de que en el futuro un fiscal se atreva a denunciar a un juez, “eso es una vergüenza”.
Laparra reitera que denunciar administrativamente es un derecho, para un empleado y/o funcionario público, una obligación y no un delito, “aunque en derecho internacional, además de ser un derecho y una obligación como ya se apuntó, mi situación constituye también un grave incumplimiento a los mecanismos de seguimiento de la implementación de la convención interamericana contra la corrupción”.
Dicha Convención, en una de sus recomendaciones, establece, que Guatemala debía implementar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan no estar tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa, dice la carta.
“Además de medidas de protección, orientadas no solamente hacía la protección de la integridad física del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente cuando se trata de un funcionario público”, anota.
Por último, Laparra recalca que los motivos de encontrarse en prisión es por ser mujer, haber pertenecido a la FECI, ejercer su sagrado derecho de defensa, no darse a la fuga y contar con un grado académico.
“¿Hasta cuándo mi amada Guatemala?”, con esa frase concluye la carta de la exjefa de la FECI regional.
SOBRE EL CASO
El MP la señala de interponer múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos. Además, señala que, posiblemente ejerció actos en nombre del MP, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias.
Castellanos recientemente fue electo por el Congreso de la República como relator titular contra la Tortura.
