POR REDACCIÓN LA HORA
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El abogado Alfonso Carrillo se pronunció tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de denunciarlo al Ministerio Público y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, remarcando que la Corte no puede quitarles a los guatemaltecos el derecho de pedir amparo.
El pasado 14 de mayo, la CC informó que recibió una denuncia por la vía procesal “amigos de la Corte”, en donde se señala que Carrillo ha accionado ante ese tribunal pese a que pudo haber estado fuera de Guatemala cuando inició sus planteamientos.
En un comunicado, afirmó que la Corte no puede quitarles a los guatemaltecos un derecho que la Ley de Amparo establece.
“Si el solicitante del amparo no puede firmar, lo puede hacer por él otra persona o el abogado que auxilia (inciso i del Artículo 21). Es fundamental que quede claro que la ley no exige que el solicitante se encuentre en territorio nacional para plantear un amparo y que en caso de que el solicitante no pueda firmar lo puede firmar el abogado que auxilia”, aseguró.
Por ello, destacó que los amparos donde no he podido firmar las solicitudes, por no estar en Guatemala o por otra razón, lo hizo el abogado que lo auxilió en cada caso.
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Además, aseveró que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley para solicitar amparos y reiteró que la CC no le puede pedir requisitos distintos a los que están específicamente definidos en el Artículo 21 de la Ley de Amparo.
“Los magistrados Roberto Molina, Dina Ochoa, Leyla Lemus y Rony López pretenden violar mis derechos, ordenar mi persecución penal y pretender que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala me sancione, a pesar de que he cumplido estrictamente la ley”, mencionó.
ES NOTIFICADO POR AMPARO QUE REQUIRIÓ
En ese sentido, aseguró que ayer recibió una notificación de una resolución de la Corte en la que “pretende apercibirme y quitarme el derecho a pedir amparo en el marco del amparo que presenté el 25 de marzo de este año”.
Esto en referencia a un amparo que planteó en marzo y que buscaba dejar sin efecto la Comisión Pesquisidora integrada en el Congreso de la República para investigar a la magistrada electa a la CC, Gloria Porras y al magistrado José Francisco de Matta, la cual surge de una denuncia de la Asociación de Dignatarios de la Nación, que ha recibido dinero del Legislativo, por haber otorgado un amparo contra el intento de expulsión del embajador del Reino de Suecia, Anders Kompass en 2019.
Finalmente añadió que “la Corte no puede quitarnos a los guatemaltecos el derecho a pedir amparo. Ciudadanos, ¿Qué piensan?”.
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CC PIDE REGISTROS MIGRATORIOS Y LO DENUNCIÓ
La CC solicitó un informe al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre los movimientos migratorios del abogado Alfonso Carrillo Marroquín y resolvió revisar cada proceso vigente, en el cual figure como parte o fuere auxiliante, ya que “conforme a la Ley y los procedentes de ese Tribunal, no se admite la comparecencia en forma personal de sujetos procesales que no se encuentren en el país”.
También, trasladaron del caso al Ministerio Público y al Tribunal de Honor del CANG.
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