El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas expresó la necesidad para Guatemala de que el actual fiscal general, Gabriel García Luna, retome prácticas y colaboración con organizaciones e instituciones del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas por el Conflicto Armado Interno.
En su informe preliminar, el mecanismo de la ONU lamentó que, pese a los avances presentados durante las gestiones de las exfiscales generales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, durante su visita detectaron un deterioro de capacidades institucionales en los ocho años en que el Ministerio Público (MP) estuvo dirigido por Consuelo Porras.
Según el informe, organizaciones y operadores de justicia denunciaron la remoción y persecución de fiscales especializados, la centralización de expedientes, la sustitución de personal con experiencia, la paralización de exhumaciones y el desmantelamiento de equipos especializados en justicia transicional.
En la presentación de su informe preliminar sobre la visita a #Guatemala, las expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la #ONU reconocieron la resiliencia y determinación de las familias para seguir buscando a sus seres queridos, después de tantos años.… pic.twitter.com/bL0TZT6t2G
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) July 2, 2026
El organismo también señaló que diversos fiscales y operadores de justicia fueron objeto de procesos penales o se vieron obligados a exiliarse. No obstante, aseguran que la desestimación de algunos de esos casos de criminalización crea expectativa de que ese proceso continúe y contribuya a garantizar verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas.
El informe identifica además una serie de obstáculos que continúan afectando las investigaciones. Entre ellos menciona la negativa o resistencia a recibir denuncias, la exigencia de ratificaciones que no están previstas en la ley, prácticas intimidatorias hacia denunciantes, retrasos en autorizar exhumaciones, investigaciones prolongadas, escasa coordinación institucional, falta de personal especializado y limitaciones de recursos tecnológicos para atender alrededor de 25 mil casos de graves violaciones a los derechos humanos.
El organismo también señaló que no encontró evidencia de que el Ministerio Público haya desempeñado un papel activo en la búsqueda de personas desaparecidas, pese a que esa función forma parte de sus obligaciones. Añadió que las búsquedas continúan dependiendo de autorizaciones fiscales y se desarrollan bajo una lógica penal, en ausencia de un mecanismo humanitario especializado.
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Como ejemplo, el informe menciona el hallazgo de restos humanos en Alta Verapaz tras una inundación, caso en el que, según la ONU, las autoridades solicitaron requisitos adicionales para tramitar la denuncia y la fosa permaneció sin resguardo durante un período prolongado.
Asimismo, expone dificultades en investigaciones sobre migrantes desaparecidos, incluida la falta de coordinación con autoridades mexicanas y la resistencia a permitir la participación de peritos independientes en procesos de identificación.
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El Grupo de Trabajo también se refirió al convenio entre el Ministerio Público y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), señalando que, según la información recibida, el acuerdo no contempla financiamiento para la organización y que aún no se ha autorizado la intervención en más de 300 sitios identificados para posibles exhumaciones.
Ante este panorama, el organismo concluyó que espera que el nuevo fiscal general recupere la institucionalidad previamente desarrollada, fortalezca la autonomía e independencia del Ministerio Público y reactive las investigaciones pendientes con un enfoque centrado en las víctimas.
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