El presidente Bernardo Arévalo reaccionó este lunes a los 13 allanamientos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en distintas instituciones públicas y privadas vinculadas al caso conocido como “La casa de los chocobananos”.
El mandatario aseguró que las diligencias forman parte de “acciones de intimidación” impulsadas en la última semana de gestión de la fiscal general Consuelo Porras y afirmó que se trata de “gestos de desesperación de una banda que sabe que tiene los días contados”.
Las diligencias fueron efectuadas sin órdenes de captura y, según las autoridades, buscan recopilar información relacionada con la investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones estatales.
#AhoraLH | «Patadas de ahogado», dijo el presidente Bernardo Arévalo, por los allanamientos que realizó el Ministerio Público (MP) desde primeras horas de este lunes dentro de una investigación que involucra al Minfin y otras carteras.
✍🏼: Diego Guzmán
📹: Kenneth Jordan pic.twitter.com/Frkk2CDbEj— Diario La Hora (@lahoragt) 11 de mayo de 2026
El caso inicialmente era conocido por la Fiscalía contra la Corrupción, pero posteriormente pasó a manos de la FECI e incluye pesquisas no solo en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), sino también en otras dependencias del Ejecutivo.
El caso tomó notoriedad pública luego de que se señalara a varias empresas que compartían dirección fiscal y que habrían obtenido contratos con entidades estatales. El Minfin rechazó previamente los señalamientos y aseguró que las empresas mencionadas fueron registradas antes de la actual administración.
Durante una conferencia de prensa, Arévalo afirmó que los allanamientos carecen de fundamento y sostuvo que forman parte de acciones emprendidas antes del relevo en el Ministerio Público.
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“Les queda una semana. Han intentado hacer absolutamente de todo y sabemos que lo van a seguir intentando”, declaró el mandatario al referirse a la salida de Consuelo Porras del cargo.
El presidente también aseguró que el Gobierno no interferirá en las decisiones del próximo fiscal general, aunque insistió en que debe revisarse el uso de la justicia en casos anteriores. Según dijo, espera que se investiguen posibles abusos y “la perversión de la justicia” que, a criterio del Ejecutivo, caracterizó la gestión actual del Ministerio Público (MP).
