Ante el requerimiento de información realizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), vinculado a las acciones legales tras la cancelación oficial del partido Movimiento Semilla, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que «no está obligado a acatar órdenes o requerimientos» de fiscales.
Esta postura surge tras la remisión de una carta dirigida a la Fiscal General, María Consuelo Porras, en respuesta a la solicitud de dicho informe en un plazo de «menos de cuatro horas». El Tribunal aclaró que, en virtud de su independencia, no debe entregar información en plazos impuestos de forma arbitraria.
Bajo ese contexto, los magistrados señalaron que la comunicación entre ambas instituciones debe realizarse con una «posición de respeto» hacia su rol institucional. Asimismo, aseguraron que, de requerirse información, las instrucciones deben ser remitidas de forma correcta y bajo los canales oficiales correspondientes, y no mediante el oficio entregado.
Los magistrados confirmaron a La Hora que, pese a la respuesta, remitieron el informe elaborado por la séptima magistratura que esclarecía la situación del partido —su cancelación—, así como el estatus legal de las acreditaciones de los servidores públicos electos por dicha organización.
Asimismo, adjuntaron un informe de la magistratura actual para enfatizar que, pese a la cancelación de la agrupación política, los resultados de las elecciones de 2023 «son inalterables». En consecuencia, señalaron que los funcionarios electos continúan en sus cargos sin ningún tipo de modificación en sus funciones.
OFICIO DE LA FECI
El oficio remitido por la FECI, que circuló en redes sociales y su autenticidad fue verificada por La Hora, al TSE hacía la acotación de que este informe solicitado debe ser enviado «en un plazo que no exceda las cuatro horas» a la sede de la fiscalía en las instalaciones ubicada en el Barrio Gerona.
En esta misma solicitud, la fiscalía del Ministerio Público (MP) pedía al TSE «las acciones jurídicas» que tomó en contra del comité Pro Conformación del partido y asegura que ambas acciones se promueven con el objetivo de «corroborar las base legales que corresponde a la cancelación del partido».
